(ANF).- Jhasmani Torrico, el denominado abogado torturador, conducía procesos, redactaba sentencias, negociaba fallos y dirigía un “gran consorcio”, integrado por jueces, fiscales, policías y abogados, contaminando una serie de causas en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Hay “jueces que respondían (a Jhasmani) y sus resoluciones se hacían en el bufete de este abogado con plata de por medio, (por tanto) estamos hablando de un ‘gran consorcio’ de jueces, fiscales, policías y abogados”, dijo el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.
Jhasmani y su grupo de colaboradores no solo se dedicaban a intimidar y torturar a litigantes y otras personas para hacer cobros de deudas, sino negociaban fallos judiciales a cambio de montos elevados de dinero y para tener éxito en sus actos delincuenciales, conformaron una “gran” organización criminal.
Al momento se conoce que el abogado torturador también tenía como miembro de su red a la vocal de la Sala Penal Segunda, María Anawella T. P., y para ella redactaba resoluciones y sentencias.
Asimismo –según las primeras investigaciones del caso– el fiscal Óscar Mauricio O. G., cuyo hijo trabajaba con Jhasmani, además de los policías Hugo M., Carlos P., Adolfo S. y Jorge T., que se encargaban de hacer desaparecer las pruebas, formaban parte de la organización.
Incluso se conoce que el esposo de la vocal formaba parte de la estructura criminal.
Estos nuevos datos fueron revelados después de que las autoridades allanaron las oficinas del abogado torturador y secuestraron su computadora, memorias digitales y una serie de documentos judiciales.
Casos en los que intervino el polémico abogado
Jhasmani estuvo involucrado en el caso del asesinato de la taekwondista, Gloria Adriázola Bustamante y su hermana el 2015.
Por dicho caso, el 2016 fueron sentenciados Alejandra Doriana Saavedra Brarrozo y Omar Fernando Adriázola Bustamente a 30 años de prisión.
Luego, Jhasmani, que era abogado de los sentenciados, apeló la medida hasta hacer anular la condena.
Pero ahora se conoce que “Jhasmani Torrico fue quien elaboró la sentencia y se tiene los antecedentes en su oficina, (entonces él) pasó esa sentencia a la vocal Anabella T. para que saque la resolución”, explicó Jiménez.
También Torrico estuvo involucrado en el caso de un teniente que fue encarcelado por el delito de feminicidio y posteriormente salió de la cárcel con medidas sustitutivas. Se presume que Jhasmani negoció la medida con la misma vocal Anabella.
Además –de acuerdo al viceministro Jiménez, hay un segundo vocal implicado y se trata de Nelson P., quien será aprehendido en las próximas horas.
Traslado del abogado
El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, agregó que el traslado de Jhasmani del penal de El Abra, en Cochabamba, a la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano paceño, se registró ayer porque seguía operando desde la prisión para amenazar a operadores de justicia.
Hay “unos audios dirigidos contra la fiscal que investiga (al abogado) y se la amenaza de muerte indicando que se aparte de este proceso. Estos audios han sido producidos justamente desde el penal de El Abra, incluso policías han sido amenazados”, apuntó Quiroga.
Por otro lado, un informe de Inteligencia reveló que el abogado torturador pretendía darse a la fuga, mientras el Ministerio Público dispuso la conformación de una comisión de fiscales superiores para que coadyuve en las investigaciones.
Resoluciones judiciales se elaboraban en la oficina de Jhasmani Torrico
Según Viceministro de Transparencia.
La Paz, Erbol.- El abogado Jhazmani Torrico no sólo recurría al matonaje en su actividad, sino también dirigía procesos judiciales y hasta elaboraba resoluciones de vocales en su oficina, informó el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.
Mira también
Torrico se encuentra encarcelado desde noviembre del año pasado. Sin embargo, en los últimos días levantó polémica e indignación social, porque se revelaron videos en que se le observa torturando a personas a quienes exigía pagar deudas.
Según Jiménez, ya desde el allanamiento que se hizo a la oficina de Torrico en 2018, se hablaba de los vínculos que tenía con autoridades. Entonces, el abogado dijo que si la Policía se llevaba sus CPU’s tendrían que “temblar” jueces y fiscales.
Como ejemplo, el Viceministro mencionó dos resoluciones de la vocal de la Sala Penal II del Tribunal Departamental de Justicia, Anabela Torrez, quien ya se encuentra aprehendida por este caso.
El primer caso se refiere a la hermanas Adriázola, una de ella campeona de Tae Kwon Do, que fueron asesinadas en 2015. Los presuntos autores de los hechos fueron condenados en primera instancia, pero la Sala de la vocal Torrez, en apelación, de decidió anular la sentencia.
Según Jiménez, el abogado de los imputados era Torrico, quien elaboró la resolución, que anulaba la sentencia condenatoria, y se la pasó a la vocal Torrez.
El segundo caso “emblemático” que mencionó el Viceministro es el de un teniente de apellido Ledesma, quien estaba acusado de feminicidio y con detención preventiva, pero fue liberado tras una audiencia de apelación, gracias a la colusión de Torrico y la vocal.
El Viceministro señaló que, en audios, se puede evidenciar que Torrico negociaba cifras de miles de dólares para ser favorecido con la decisiones de las autoridades judiciales, a quienes denominaba “tíos”.
El esposo de la vocal, Clever Juan Torrico Quinteros, también fue detenido por este caso.
Además, al final de la tarde, aún se estaba por aprehender al vocal Nelson Pereira, quien también fue involucrado en el consorcio del abogado “torturador”.
El hijo de un fiscal
Por esta investigacion también fue aprehendido el fiscal Mauricio Olivares Gordillo, cuyo hijo era parte del bufete Leclere, de propiedad de Jhazmani Torrico, según el Viceministro de Transparencia.
Justamente el consorcio manejaba casos que eran atendidos por ese fiscal, agregó la autoridad.
Policías encubridores
Entre los detenidos, también están cuatro policías, que hicieron desaparecer información para favorecer al consorcio ilegal.
De acuerdo con Jiménez, cuando una fiscal “valiente” hizo avanzar las investigaciones, los policías ahora acusados sustrajeron y modificaron soportes digitales para ocultar datos, sin embargo, fueron descubiertos por otros agentes.
