La Fiscalía abrió seis causas por las emboscadas a la Caravana del Sur en Vila Vila, sin embargo, los investigados fueron sobreseídos, pese a las pruebas disponibles, sostiene el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que revisó esos expedientes.
“Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que se emplearon recursos y materiales públicos para estos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro (Víctor Hugo Vásquez), para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”, dice el documento.
Vásquez (MAS) estuvo asilado en la embajada de México en La Paz, reapareció el 17 de noviembre de 2020. El exgobernador negó entonces su participación en los sucesos de Vila Vila y asegurar que era falsa la versión de que universitarias habían sido abusadas sexualmente, “por lo cual aseveró que no es delincuente, sino un perseguido político”.
Además, demandó a la Fiscalía que, así como se le investigó, abra de oficio las pesquisas respecto a la quema de su casa durante los conflictos.
Casos cerrados
- 1. Uno de estos procesos fue iniciado el 10 de noviembre de 2019 para investigar el posible uso indebido de un vehículo oficial de la gobernación de Oruro por dos servidores públicos para transportar a varias personas y material explosivo al bloqueo del sector de Vila Vila (Caso ORU1904039).824. Esta investigación luego fue ampliada a Víctor Hugo Vásquez, exgobernador departamental de Oruro. El 18 de febrero de 2020, la Fiscalía imputó formalmente al exgobernador y a 11 funcionarios departamentales. “Sin embargo, el caso fue sobreseído el 10 de diciembre de 2020, bajo el argumento de insuficientes elementos de prueba”.
“Se advierte que a pesar de que en el expediente existen informaciones respecto de violaciones graves en contra de los integrantes de la caravana, no consta que se hayan ordenado diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en que estas se produjeron”.
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- 2. En un segundo caso, la Fiscalía Departamental de Oruro investigó la participación de trabajadores y vehículos de la Cooperativa de Teléfonos de Oruro en los bloqueos y en las agresiones a las/los integrantes de la caravana (Caso ORU1904121). El 22 de diciembre de 2019, el Ministerio Público emitió resolución de rechazo de la denuncia por la falta elementos suficientes, pero dispuso su reapertura el 31 de enero de 2020. El caso fue sobreseído el 16 de abril de 2021.
- Un tercer proceso fue iniciado de oficio el 9 de noviembre de 2019 por el Ministerio Público de Caracollo para investigar los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones gravísimas y lesiones graves y leves (FIS-ORU-CAR1900308). El 11 de febrero y 12 de junio de 2020, se amplió la investigación Al exgobiernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, y a otras seis personas. “La investigación, sin embargo, fue fragmentada y es superficial”. El 18 de noviembre de 2020, la Fiscalía presentó un requerimiento de rechazo de la denuncia “señalando que la investigación no había aportado elementos suficientes para fundar una acusación”.
- Un cuarto proceso fue iniciado con base en una denuncia presentada ante la Fiscalía Departamental de Potosí por un integrante de la caravana que fue tomado como rehén y presuntamente torturado, junto con otros rehenes, el 9 de noviembre de 2019 en Vila Vila (Caso CUD 1900302). Se conformó una comisión de fiscales para adelantar la investigación, y otras cinco víctimas se adhirieron a la denuncia. El 11 de marzo de 2020, a solicitud de la Fiscalía Departamental de Potosí, el juez de instrucción en lo penal de Potosí declinó competencia en razón de territorio e hizo remisión del cuaderno de investigación al Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1 de Caracollo. La investigación fue reanudada en octubre de 2020, luego de ser asignada a la Fiscalía de Caracollo, no obstante, no se efectuó ninguna diligencia y la causa fue rechazada.
- El quinto expediente (Caso ORU1900310) se inició de oficio, ante el informe policial que identificaba la existencia de impactos de proyectiles en un vehículo de la Policía que participó en los enfrentamientos en Caracollo. “No se efectuaron actos de investigación” y el Ministerio Público emitió resolución de rechazo de denuncia en diciembre de 2020.
- Por último, la Fiscalía abrió una investigación en relación con la quema y el saqueo sufrido en la estación policial de Caracollo (Caso ORU1900311). La Fiscalía emitió imputación formal, la cual señala que aproximadamente 50 personas afines al MAS habrían sido identificadas en las cercanías de la Jefatura Provincial de la Policía el día de los hechos. No obstante, posteriormente emitió resolución de rechazo.
“La violencia en Vila Vila y Caracollo fue grave y se perpetraron serias violaciones de los derechos humanos, por lo que el Estado debe agotar todas las líneas relevantes de investigación y garantizar que estos hechos no queden impunes”, dice el GIEI.
Con relación al ataque a la caravana minera, el 10 de noviembre de 2019, en Challapata, la Fiscalía dio inicio de oficio a una investigación (Caso ORU1900262) y conformó una comisión de fiscales para avanzar una investigación, recuerda el grupo de expertos.
El 11 de noviembre de 2019, la Fiscalía imputó a cuatro personas como presuntos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales. El 15 de julio de 2020, la Fiscalía emitió acusación en contra de dos de ellos y sobreseyó al resto de los imputados.
“El GIEI estima que la investigación no ha agotado las posibilidades de esclarecimiento de los hechos. Se aprecia la completa ausencia de pruebas técnicas esenciales de balística. Las pruebas sobre la presencia de decenas o centenas de personas en el grupo que atacó la caravana no fueron exploradas, ni se solicitaron informes sobre el operativo militar en la zona y sus respectivos hallazgos. La responsabilidad de dirigentes políticos y autoridades por el apoyo logístico y eventual participación en la planificación del ataque fue ignorada. La investigación tampoco examina la gama de delitos que fueron perpetrados», concluye el informe.
Página Siete
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