El anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción plantea subir de 3 a 8 años la privación de libertad por el delito de falsedad de declaración jurada de bienes y servicios. Además, propone la inhabilitación temporal para ejercer la función pública mientras dure la investigación.
“El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) días”, dice el documento.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que falsear la declaración jurada tendrá dos sanciones, la primera agravar la privación de libertad con hasta ocho años de cárcel; antes la sanción era de uno a cuatro años.
Y la segunda propone incorporar al Código de Procedimiento Penal la prohibición temporal para el ejercicio de la función pública; como una medida preventiva, personal y alternativa a la detención. Esta medida se aplicará mientras dure la investigación de un caso de corrupción.
Contratos
Asimismo, se propone que los contratos tengan una cláusula anticorrupción que permita rescindir de inmediato ante un caso irregular.
«Lo que busca es que no se produzcan estos hechos. Lo que busca es que cuando se firma un contrato se tenga una cláusula anticorrupción que permita rescindir el contrato e inmediatamente que se produzca un hecho irregular», precisó.
“Empresa que se demuestre que le ha pagado a un funcionario se rescindirá contrato”, remarcó.
Señaló que en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) del Estado se registra más de 1.600 procesos de contratación de 300 municipios, nueve gobernaciones y 17 ministerios.
Lima dijo que reciben más de 350.000 declaraciones juradas anualmente y debe tener un nivel de tecnología para unir toda la información que se tiene para ser más eficiente.
«La cantidad de información que tiene en este momento el Estado nos obliga a tomar medidas de digitalización y uso de tecnología. No vamos a tener todos los funcionarios para supervisar y revisar todos los procesos que tenemos en este momento; lo que sí podemos hacer es utilizar la digitalización, la interoperabilidad, la gestión de riesgos que nos permita prevenir estos hechos de corrupción», explicó Lima.
Corrupción
Esa política permite que todos los procesos y la información generada por el Estado interopere y genere seguridad jurídica; es decir, que el empresario honesto, la ciudadanía, los municipios, las alcaldías, las gobernaciones y los ministerios tengan la tranquilidad de que toda la información está siendo procesada en el marco de la Constitución.
Añadió que el anteproyecto de ley de Gestión de Riesgos busca dar al país la tranquilidad de que el Gobierno trabaja con la interoperabilidad. Y con el nuevo gobierno electrónico trasparente para entregar resultados de política pública que no permitan que de ninguna manera se vuelvan a producir hechos de corrupción.
El documento fue presentado este lunes por el presidente Luis Arce y remitido de inmediato a la Asamblea Legislativa para su análisis.
La Razón
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