El Ministerio de Defensa, a través de su titular, Edmundo Novillo, puntualizó que la presencia de las Fuerzas Armadas (F.F.AA.) de Bolivia que salieron a despejar carreteras bloqueadas de Cochabamba e intervinieron en la toma violenta de Llallagua fue en el marco constitucional con el único afán de lograr que retorne la paz a Bolivia.
La autoridad emitió su postura en respuesta al abogado y militar en retiro, Omar Durán, quien según su lectura la salida de militares en un conflicto social, sin dictar estado de excepción, puede abrir paso a un caso de corte contra el presidente Luis Arce.
Novillo calificó como “versiones desesperadas, cargadas de mentiras y acusaciones calumniosas e injuriosas que solo buscan amedrentar y dañar la imagen de las FFAA”, a lo vertido por Durán y afirmó que el único afán fue pacificar Bolivia.
“De manera clara y categórica informo al pueblo boliviano que las actividades de la institución militar durante los conflictos de las pasadas semanas se realizaron con la finalidad de pacificar y garantizar la libre circulación y locomoción de los ciudadanos en todo el territorio nacional, enmarcándose estrictamente en la Constitución Política del Estado, las Leyes y Reglamentos Militares”, dijo Novillo.
El 7 de junio, cuando el bloqueo de los afines al expresidente Evo Morales llevaba una semana, Arce dispuso la movilización de militares. Primero fue en Cochabamba, en la localidad de Vinto. Y el 11 de este mes el jefe de Estado, en conferencia de prensa, dijo que ordenó el despliegue de fuerzas militares en los puntos de bloqueo.
Llallagua se convirtió en una zona de conflicto crítico tras que fue tomada por grupos evistas, presuntamente de los ayllus de la región, donde también el Gobierno identificó la presencia de francotiradores, producto de lo cual tres policías fueron asesinados en esa región, un policía en los bloqueos de la carretera a Cochabamba y dos personas civiles.
El 12 de junio, en medio de tensión y mucha expectativa, ingresaba a Llallagua el contingente militar con tanques acompañados por otro contingente policial y autoridades de Gobierno.
Según el abogado Durán, el presidente Arce puede ser enjuiciado por la salida de militares porque la Ley 1341 promulgada en julio de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 29 de octubre de ese año, obliga al Órgano Ejecutivo a declarar el estado de excepción (estado de sitio) antes de ordenar la movilización de tropas militares.
“Se abre la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra el presidente, puede ser ahora mismo, pueden iniciar con lo que se tiene en el Congreso, porque el proceso va a tardar, aunque lo ideal sería cuando deje el cargo”, dijo Durán.
El Deber
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