Ahoradigital – Un empresario denunció a un fiscal del departamento de La Paz por presunta extorsión y por supuestamente mantener un proceso por legitimación de ganancias ilícitas para exigirle dinero a cambio de levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Según el reporte de Unitel, el denunciante afirmó que un juez ya había autorizado el desbloqueo de sus cuentas; sin embargo, el fiscal presuntamente se habría negado a cumplir la disposición y habría condicionado el trámite al pago de otros 10.000 dólares.
“Pese a que el juez dio curso al levantamiento de mis cuentas, el fiscal no quiso”, declaró el empresario, quien aseguró que el funcionario transmitió la exigencia a través de su abogado.
Denunciante afirma que su familia y empresa fueron afectadas
El empresario sostuvo que las consecuencias del bloqueo financiero alcanzaron a su esposa, su familia y su empresa. Según su versión, el caso se habría iniciado a partir de una denuncia anónima por legitimación de ganancias ilícitas.
Además, afirmó que el fiscal presuntamente formaría parte de una red de extorsión que operaría contra distintas personas. Estas acusaciones todavía deben ser investigadas y corroboradas por las autoridades competentes.
El denunciante también manifestó su preocupación porque, pese a haber presentado una denuncia contra el funcionario, hasta el miércoles 21 de octubre no había recibido una respuesta sobre su admisión.
“Hemos puesto una denuncia, la cual no ha sido recepcionada o quizás están retardando. No tengo respuesta”, señaló.
Fiscalía anuncia que atenderá las denuncias
Consultado sobre el caso, el fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, aseguró que el Ministerio Público atenderá las denuncias presentadas.
“Todos los casos son relevantes. Los vamos a atender”, manifestó.
Hasta la publicación del reporte de Unitel, no se había aclarado si el fiscal denunciado continuaba ejerciendo sus funciones. Tampoco se informó de una resolución que establezca responsabilidades por los hechos denunciados.
El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre los funcionarios del Ministerio Público y la necesidad de garantizar que las investigaciones penales y las medidas sobre bienes o cuentas bancarias se desarrollen conforme a la ley.
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