El fiscal asignado al caso ABC, Fernando Aragón, defendió la decisión de sobreseimiento del caso de supuesta corrupción y señaló que la auditoria forense y las pruebas periciales descartaron irregularidades en la adjudicación y contratación de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para la construcción de la doble vía Sucre – Yamparáez por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). También aseguró que “cada empresa tiene sus propias políticas de cómo manejará el dinero”.
“El hecho ha radicado sobre irregularidades en la licitación de la doble vía Sucre – Yamparáez y esta irregularidad se basaba en que se tenía que dar una coima de 9 millones de bolivianos, dirigidos a beneficiar a funcionarios de la ABC. Todo el tramo, lo que ha sido el proceso investigativo se ha basado en esos dos elementos, y en el trascurso de la investigación, a través de diferentes pericias, documentos y testificales se ha establecido de que no han existido irregularidades en el proceso de licitación y contratación de la empresa CHEC, ya que la misma cumplía con todas las especificaciones técnicas del DBC y por ende han firmado el contrato administrativo”, explicó el fiscal en una entrevista con Unitel.
De acuerdo con Aragón, a pesar de los testimonios del testigo protegido y de otros implicados en el caso, así como otras pruebas, fueron las pericias y la auditoría forense de los procesos las que determinaron que la supuesta coima de 9 millones de bolivianos en realidad se trataba de un adelanto que la ABC entregó a la empresa CHEC.
Cabe recordar que, en su momento, algunos procesados admitieron irregularidades en el proceso de licitación y revelaron el cambio de documentación con el objetivo de favorecer a CHEC.
“En el transcurso de la investigación, a través de diferentes pericias, de diferentes documentos y testificales se ha establecido de que no ha existido irregularidades en el proceso de licitación y contratación de la empresa CHEC, ya que la misma cumplía con todas las especificaciones técnicas DBC y por ende ha firmado un contrato administrativo”, afirmó el fiscal.
Cuestionado respecto a la manera en que se encontró el dinero, en efectivo y en maletas en el domicilio del ciudadano chino Jin Zhengyuan, el fiscal indicó que cada empresa tiene la potestad sobre cómo gestionar los recursos que se le entregan.
“Hay que considerar que cada empresa tiene sus propias políticas de cómo manejará el dinero, el tema es que cualquier empresa que se adjudica un contrato administrativo con el estado tiene que cumplir a cabalidad todas y cada una de las cláusulas en el contrato. Ahora, respecto del manejo del dinero, cada empresa puede determinar si la mantiene en una cuenta bancaria, en una caja fuerte o pueden ver lo que ellos vean más conveniente para el uso y disposición del mismo, siempre y cuando el uso que se dé a ese dinero sea para lo que se entregó”, agregó.
Página Siete
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