La Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación dirigida al fiscal general del Estado, Roger Mariaca. La iniciativa, promovida por tres legisladores del departamento de Chuquisaca, busca que el Ministerio Público active de forma inmediata los mecanismos de cooperación jurídica internacional para obtener información oficial de las autoridades de España sobre el denominado “caso Zapatero”.
La solicitud fue gestionada y firmada por los diputados chuquisaqueños Santiago Ticona, Efracy Cielo Berrios Mendez y Liliana Mary Echenique. El documento presentado solicitaba al presidente de la Cámara Baja la dispensación de trámite debido a la relevancia pública del tema y la urgencia de resguardar los intereses patrimoniales del Estado.
La minuta recomienda específicamente al Fiscal General:
- Requerir información a la UDEF: Activar la asistencia penal internacional para obtener informes y elementos de convicción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España respecto a las gestiones e influencias que habría ejercido el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en favor del Grupo Gloria (propietario de Soboce).
- Coordinación Institucional: Establecer un trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado para garantizar el acceso a la información oficial proveniente del Reino de España.
Esta acción legislativa refuerza la denuncia penal presentada recientemente en Sucre, que acusa a Zapatero de haber cobrado un pago de 200.000 euros para operar como mediador ante el gobierno de Luis Arce. El fin de estas gestiones habría sido evitar que Soboce pagara una indemnización de Bs 744 millones a Fancesa por daños causados por competencia desleal.
Los legisladores fundamentan su pedido en que la fiscalía española ya desarrolla investigaciones sobre estas actuaciones, las cuales tienen una incidencia directa sobre los intereses económicos de Chuquisaca y sus instituciones copropietarias. La aprobación de esta minuta se suma a las voces que denuncian un “golpe judicial” en La Paz, donde vocales constitucionales habrían frenado el pago millonario en favor de la factoría chuquisaqueña mediante resoluciones consideradas prevaricadoras.
Fuente: Correo del Sur
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