AHORADIGITAL.- La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) consolidó importantes avances en su agenda tras sancionar la Ley Departamental de Bomberos Voluntarios, la cual ya fue remitida al despacho de la gobernadora para su respectiva promulgación y reglamentación. El asambleísta departamental, Marco Gutiérrez, detalló que esta norma otorgará un marco legal clave para resolver las necesidades operativas de transporte y movilidad de los rescatistas, además de brindar un reconocimiento institucional definitivo a la Junta Departamental de Bomberos Voluntarios como el ente matriz del sector.
Asimismo, la autoridad informó que el proyecto normativo denominado popularmente como «ley antibloqueos» ya ingresó formalmente al legislativo regional y superó sus primeras evaluaciones en la Comisión de Constitución, quedando a la espera de otros informes técnicos antes de pasar al debate en el pleno.
Por otro lado, Gutiérrez expresó su profunda alarma como miembro de la Comisión de Derechos Humanos ante la crítica situación de la salud mental en la región, revelando que en lo que va del mes de junio se registraron seis suicidios en el departamento. El legislador lamentó que, a pesar de la gravedad de la situación, la Ley Departamental de Salud Mental promulgada en octubre de 2024 continúe completamente paralizada y sin un reglamento operativo que viabilice la aplicación de políticas de prevención. Ante este panorama, se coordinó una reunión de emergencia con más de treinta instituciones defensoras de derechos fundamentales para exigir que la gobernación priorice esta norma de manera urgente.
Finalmente, el asambleísta enfatizó que la actual crisis financiera e institucional que golpea a las entidades públicas hace inviable que se sigan ejecutando políticas de salud de manera unilateral o descoordinada. Por este motivo, urgió a estructurar un plan departamental integral y participativo que unifique los esfuerzos institucionales, además de viabilizar la creación del Comité Departamental de Salud Mental, un órgano de monitoreo que debió instalarse desde 2024. Gutiérrez concluyó con una fuerte crítica a la burocracia del Estado, advirtiendo que la inacción de las autoridades deja en el desamparo a los jóvenes que caen en la vulnerabilidad por la falta de expectativas y proyectos de vida.
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