AHORADIGITAL.- El abogado especialista Esteban Ortuño afirmó de forma contundente que los bloqueos de carreteras no constituyen un derecho constitucional a la protesta, sino un delito que destruye la economía, daña la infraestructura vial y pone en riesgo vidas humanas. Tras los recientes cincuenta días de movilizaciones, el jurista analizó la viabilidad de implementar una Ley Antibloqueos, precisando que esta debe poseer un carácter estrictamente nacional y emanar de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Su postura radica en que la preservación de la paz social y la protección de los bienes públicos pertenecen a las competencias privativas y exclusivas del nivel central del Estado, descartando que las entidades territoriales autónomas locales tengan la facultad de legislar de forma aislada sobre la materia.
Asimismo, Ortuño criticó la ineficacia de basar el control de los cercos camineros únicamente en el aumento de las penas de cárcel, explicando que las sanciones puramente penales terminan convirtiéndose en fichas de negociación política con los sindicatos y organizaciones matrices, las cuales exigen la anulación de órdenes de aprehensión y la liberación de detenidos como condición obligatoria para levantar sus medidas de presión.
Para romper este círculo de impunidad que afecta al aparato productivo, el especialista sugirió complementar el Código Penal mediante la creación de responsabilidades civiles y multas directas que permitan al Estado cobrar la cuantificación de los daños a quienes promuevan o financien los cortes de rutas.
Finalmente, el abogado propuso aplicar mecanismos inmediatos de anotación preventiva y embargo judicial sobre el patrimonio personal y los inmuebles de la cúpula dirigencial para garantizar el resarcimiento económico de los destrozos viales. El experto desmitificó el carácter altruista de estas movilizaciones, señalando que los liderazgos radicales a menudo responden a intereses corporativos y prebendales que se frenarán cuando los organizadores vean en peligro sus propios bienes.
Ortuño concluyó que la ejecución patrimonial forzosa, como el remate de propiedades a favor del Estado, funcionará como el único desincentivo real para disminuir la confrontación con las autoridades y evitar que se siga dinamitando la infraestructura estatal en desmedro de la población.
AHORADIGITAL
Mira también
