Las alianzas políticas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos advirtieron de una persecución financiera por parte del Gobierno, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, aprobada el jueves en grande y en detalle por el Senado.
En conferencia de prensa, el senador de Creemos, Henry Montero, afirmó que el 80% de bolivianos que tienen actividad informal «tienen que cuidarse porque hoy viene una persecución financiera».
Quien tenga actividad informal «tendrá que demostrar documentalmente cómo ha crecido su patrimonio porque la UIF tiene toda la potestad sin requerimiento fiscal de poder investigar y, otro aspecto más peligroso, se autoriza también la escucha de llamadas sin requerimiento fiscal», alertó el legislador.
Agregó que la norma no es clara respecto a cuándo se considera movimiento sospechoso a alguna actividad, y que, al contrario, la norma es ambigua.
En la misma línea, el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, afirmó que esta ley avala investigaciones de cuentas, propiedades, llamadas privadas además de arrestos a comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas, entre otros.
«El MAS (Movimiento Al Socialismo) aprobó la Ley 108 que da poderes ilimitados a la Unidad de Investigación Financiera para investigar a los bolivianos. Entrarán en cuentas, propiedades, llamadas privadas, podrán arrestar a comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas, etc… lo que se viene Bolivia», escribió en sus redes sociales, el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz.
En el artículo 4 de la norma se establece que la UIF deberá efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y de reportar al Concejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo para fines de evaluación de su ejecución.
Se agrega que, con este fin, las entidades involucradas en la ejecución de acciones «deberán reportar los avances y proveer a la UIF la información que sea requerida por esta entidad».
Paz explicó que el 40 a 35% de la norma está dedicado para todo aquel que esté vinculado a una economía informal, «por ejemplo un transportista que lleva ganado y fija el precio con el que necesita ese servicio y hace la transacción, pero no hay la factura o recibo, entonces eso se puede considerar una ganancia ilícita. Han generado a través de esta norma una suerte de empoderamiento de la UIF», explicó Paz en una entrevista con Red Pio XII.
La senadora de CC, Andrea Barrientos, afirmó que la estrategia de la ley le entrega mayor facultad a la UIF «para que pueda investigar de oficio lo que quiera, a simple sospecha. Entonces la UIF se convierte en un ente que va a empezar a cazar e investigar a quien le dé la gana, sin requerimiento fiscal», según Página Siete.
Los objetivos y acciones de la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo serán incorporados por las entidades de los distintos Órganos del Estado, según refiere la disposición adicional única de la ley.
Respecto a la ejecución de las acciones de esta estrategia, en el artículo 5 de la norma, se establece que será el Concejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo el que aprobará el cronograma de ejecución para las acciones previstas en el Programa de Acción.
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