El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, lanzó una de sus declaraciones más contundentes desde que asumió el mando del Ministerio Público: aseguró que el exfiscal general Roger Mariaca tenía una red de contactos y presuntas conexiones criminales que superaban incluso el alcance del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
“Mariaca tenía tentáculos más grandes que Marset. Manejaba la plata de Marset”, afirmó Urioste en una entrevista exclusiva con CORREO DEL SUR, al referirse a las investigaciones sobre los presuntos vínculos entre ambos.
La autoridad sostuvo que los casos no pueden analizarse de manera aislada, porque, según su versión, Mariaca y Marset formarían parte de una misma estructura criminal de gran envergadura.
Urioste anticipó que en las próximas dos o tres semanas podrían conocerse nuevos elementos sobre las conexiones investigadas y la dimensión de los hechos de corrupción. “La corrupción era más grande de lo que nos imaginábamos”, manifestó.
NUEVAS APREHENSIONES Y UNA RED QUE SEGUIRÍA ACTIVA
El fiscal general interino advirtió que la presunta estructura todavía estaría operando dentro de las instituciones y aseguró que las investigaciones continúan para identificar a otras personas involucradas.
Como ejemplo, informó que el jueves su equipo aprehendió a un fiscal cuando supuestamente cobraba dinero. También confirmó la detención de un guardaespaldas de Mariaca, a quien atribuyó un papel importante como canal de comunicación y provisión de recursos para otras personas.
“Ellos creen que pueden seguir funcionando. Esta es una señal de que no puede seguir funcionando. Cero tolerancia a la corrupción”, declaró.
Urioste defendió que una parte importante de su gestión esté concentrada en el caso Mariaca, pese a las críticas por la atención que recibe esta investigación frente a otros procesos pendientes.
Según explicó, esclarecer estos hechos es fundamental para depurar el Ministerio Público y permitir que la institución actúe con mayor independencia frente al crimen organizado.
URIÓSTE TAMBIÉN APUNTA AL ÓRGANO JUDICIAL
Las declaraciones del fiscal general interino no se limitaron al Ministerio Público. Urioste afirmó que existen jueces que obstaculizan determinadas investigaciones, aunque reconoció que también hay autoridades judiciales que cumplen adecuadamente sus funciones.
Pese a esa salvedad, sostuvo que el Órgano Judicial también estaría afectado por problemas de corrupción.
Consultado sobre posibles responsabilidades en otras instancias del Estado, respondió que se están realizando investigaciones y expresó su impresión de que casi nadie estaría al margen de los cuestionamientos.
Las afirmaciones elevan la presión sobre las instituciones encargadas de investigar y sancionar los presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
¿SE INVESTIGARÁ A RODRIGO PAZ Y A LA PRIMERA DAMA?
En la misma entrevista, Urioste fue consultado sobre los audios que circulan en redes sociales y que son atribuidos a Fernando Cerimedo y a otras personas, entre ellas figuras vinculadas al Gobierno.
Ante la posibilidad de que las pesquisas alcancen al presidente Rodrigo Paz y a la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi, el fiscal general interino respondió que procederá si encuentra elementos que justifiquen una investigación.
“Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer”, afirmó.
Urioste explicó que se está conformando un equipo para investigar hechos relacionados con el cibercrimen, aunque reconoció que todavía existen limitaciones técnicas. Aseguró que el Ministerio Público no dejará de lado ningún caso por razones políticas y que cualquier persona respecto de la cual se encuentren indicios de la comisión de delitos podrá ser investigada.
UNA INVESTIGACIÓN QUE PUEDE SACUDIR A VARIAS INSTITUCIONES
El caso Mariaca se ha convertido en uno de los procesos de mayor impacto político e institucional de Bolivia, debido a las sospechas sobre una posible estructura de protección al narcotráfico desde instancias del Estado.
Las declaraciones de Urioste anticipan nuevas revelaciones, pero también plantean un desafío para el Ministerio Público: transformar las afirmaciones públicas en pruebas verificables que permitan establecer responsabilidades individuales ante la justicia.
Por ahora, las acusaciones sobre el supuesto manejo de dinero de Marset y la existencia de una red criminal de mayor alcance deberán ser demostradas dentro de los procesos correspondientes. La responsabilidad penal de los investigados no puede darse por establecida únicamente a partir de las declaraciones de una autoridad.
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