Un total de 725 violaciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica, a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechos, han sido registradas por el Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) en 2022.
El reporte síntesis del Informe País 2022 refiere 202 vulneraciones a la libertad de prensa, 202 al derecho a la protesta, 199 a la institucionalidad democrática, 59 al derecho a defender derechos, 51 a la libertad de expresión, entre otros.
“La vulneración a estas categorías, con énfasis en el derecho a la protesta, se constituye en un indicador válido sobre el estado de situación de la democracia y la política boliviana. El intento de frenar las expresiones democráticas, en particular aquellas de carácter pacífico, impone restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos de amplios sectores de la población que buscan expresar su disenso sobre determinadas políticas y decisiones”, menciona el reporte que aporta datos que reflejan la situación de los derechos humanos en el país.
Según el comunicado de prensa 045 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 23 de marzo, anunciando la visita in loco a Bolivia, el propósito es “observar la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los órganos del estado, los desafíos sobre acceso a la justicia y a las garantías judiciales…”. En ese marco, UNITAS considera que observar los estándares nacionales de protección de los derechos tendría que ir más allá de escuchar voces de la sociedad civil, expresadas en tres minutos, o de realizar actos de desagravio que contradicen el rol supuestamente independiente e imparcial de la CIDH durante una visita in loco.
En ese sentido, la directora ejecutiva de UNITAS, Susana Eróstegui, mencionó que el Informe País 2022 -próximo a presentarse- contribuye a la superación de interpretaciones subjetivas o políticamente interesadas y detalla las 199 transgresiones a la institucionalidad democrática registradas en el último año. Las vulneraciones más recurrentes en esta categoría son la corrupción de autoridades públicas (60), el incumplimiento de procedimientos basados en la norma (44) y actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (41).
Varios de los casos registrados en materia de institucionalidad democrática tienen que ver con la destitución de jueces y fiscales por incumplimiento de deberes y actos de corrupción, pero también se presentan casos en los que la Policía actuó con desmedida violencia, por ejemplo en las protestas de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca, conflicto en el que efectivos del orden gasificaron a una mujer embarazada, allanaron viviendas y alojamientos, aprendieron con desmedida violencia a dirigentes o arrestaron a transeúntes por no portar su cédula de identidad o presumiendo que eran parte del conflicto.
El derecho a la protesta fue violado por la Policía también en las protestas de los maestros urbanos, quienes demandaron más ítems y salarios. En una de las represiones, acaecida el 9 de marzo, hubo cinco heridos y cuatro aprehendidos, y en la jornada del 16 de marzo, 10 heridos y cuatro detenidos.
Con relación a la libertad de prensa, cabe mencionar que los casos de vulneración se han incrementado de 67 en 2021 a 202 en 2022. Sobre este último dato, las agresiones a periodistas (75) fueron las más recurrentes vulneraciones a la libertad de prensa, seguida del impedimento de acceso a la información de periodistas (28), la estigmatización a periodistas (24) y el incumplimiento al deber de protección de periodistas (24).
Periodistas de medios independientes fueron víctimas de diferentes vulneraciones. En el caso de las agresiones, se cita los diferentes actos en contra de periodistas de Unitel, El Deber, Bolivision, Cadena A y otros durante el paro cívico en Santa Cruz. Las acciones de censura también llegaron a medios del Estado como Bolivia Tv y Red Patria Nueva. Otro momento álgido para la prensa fue el que se vivió con motivo de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Tanto en Santa Cruz como en La Paz se registraron actos de violencia en contra de periodistas de diferentes medios.
Según el informe, “no debe olvidarse que las actividades de prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, de esta manera, las y los periodistas se erigen también como defensores de los derechos humanos a través de su actividad basada en el ejercicio de la libertad de expresión para promover y proteger los derechos humanos”.
En materia de libertad de expresión, de las 51 vulneraciones identificadas en 2022, gran parte de los casos responden a tres categorías: estigmatización (22), censura previa, presión o interferencia (15) y amenazas (6).
Respecto al derecho a defender derechos, un total de 59 casos en 2022 muestra un incremento drástico respecto a las cifras de años anteriores, pues en 2020 se registraron 3 casos, y en 2021, 18 vinculados a temas medioambientales, derechos de pueblos indígenas, derechos económicos y sociales. La libertad de asociación ha sido obstaculizada por restricciones legales y administrativas que impiden el normal funcionamiento de organizaciones defensoras de derechos y por la suplantación o división de organizaciones, factores que reflejan las condiciones del entorno en el que las organizaciones de la sociedad civil desarrollan su labor, precisa el reporte.
Un caso emblemático, de larga data en términos de sufrir reiterados intentos de toma e intervención por grupos afines al partido de gobierno, es el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). El 2022, fue víctima de la usurpación de representación legal ante Impuestos Nacionales por parte de una organización paralela, y de ataques y alusiones públicas para deslegitimar y debilitar su rol histórico como organización defensora de derechos.
Casos como el ataque y quema de una vigilia que realizaban dirigentes indígenas en Acre Antequera, Oruro, por parte de trabajadores mineros; o el hostigamiento a dirigentes indígenas de Zongo en La Paz, también por empresarios mineros, resaltan el 2022. En ambos casos, la Policía omitió su deber de protección.
El Informe País, que estará disponible en los siguientes días, es producto de un trabajo diario de monitoreo y seguimiento que lleva adelante el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, que registra casos de vulneración en todos los niveles territoriales: nacional, departamental, municipal, regional y territorios indígena originario campesinos.
ANF
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