El jefe del equipo económico de Libre, Ramiro Cavero, cuestionó al Gobierno de Rodrigo Paz por no haber eliminado la subvención a los combustibles desde el inicio de su gestión y exigió que se haga público el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las declaraciones surgen luego de que el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, admitiera que el decreto que suspende la subvención del diésel para grandes consumidores forma parte de las condiciones vinculadas al acuerdo con el FMI.
Cavero sostuvo que el Gobierno debe transparentar el contenido del acuerdo con el organismo internacional, al considerar que todos los bolivianos tienen derecho a conocer los compromisos asumidos.
“Si estás convencido que el país se desangre, nadie entiende por qué lo dejaste desangrar durante 10 meses, eso se debió haber hecho al inicio del Gobierno”, afirmó durante una entrevista con UNITEL.
El economista también cuestionó las versiones contradictorias sobre el papel del FMI. Señaló que inicialmente se había informado que Bolivia había presentado un programa económico ante el organismo sin condiciones específicas, mientras que ahora se reconoce que el retiro de la subvención constituye una de las medidas comprometidas.
Cavero consideró además que el déficit fiscal, que llegó a niveles cercanos al 9% o 10%, resulta insostenible y planteó que debería reducirse hasta aproximadamente el 3%, nivel que calificó como manejable para el país.
Según el jefe del equipo económico de Libre, entre las medidas que contemplaría el acuerdo también estarían una reducción drástica del financiamiento del Gobierno mediante el Banco Central de Bolivia (BCB) y cambios estructurales destinados a incrementar las exportaciones.
“Todo el acuerdo con el FMI debe ser público”, insistió Cavero, quien calificó como una “falta de transparencia increíble” que la población no conozca los compromisos asumidos por el Gobierno.
El debate se instala en un momento de creciente presión por el costo de los combustibles y por las medidas adoptadas para reducir el gasto estatal, mientras distintos sectores cuestionan el impacto económico y social del retiro de la subvención.
Ahoradigital
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