Durante el 2020 se registraron un total de 201 vulneraciones a las libertades fundamentales en el país, según el Informe de Situación desarrollado por el Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS). Los derechos vulnerados están relacionados con las libertades de expresión, de asociación, de reunión pacífica y derecho a la protesta, además de la institucionalidad democrática y el derecho de los defensores de derechos.
“Se trata de una recopilación de información y un análisis sobre el estado de libertades y derechos fundamentales en Bolivia durante el 2020”, explicó ayer el responsable del programa Sumando Voces de UNITAS, dijo Hernán Ávila, durante una Consulta Nacional con organizaciones de la sociedad civil, la Academia, organizaciones sociales y medios de comunicación.
El informe es resultado de un trabajo de monitoreo que se realiza periódicamente y que en 2020 tuvo la particularidad de la pandemia, una población impedida de desarrollar sus actividades y un gobierno de transición con el desafío de superar la crisis política de 2019.
Libertad de prensa
El informe identificó 85 violaciones a la libertad de prensa a lo largo de 2020, siendo esta “agresión” el tipo más común entre los trabajadores de los medios de comunicación, cuyo sector fue uno de los pocos que se mantuvo activo durante la cuarentena rígida.
De estas 85 vulneraciones a la libertad de prensa, 59 fueron agresiones; 11, amenazas; seis, estigmatizaciones; cinco, libertad del ejercicio de la prensa y cuatro, criminalización. Entre los casos más resaltantes están las agresiones a 15 periodistas en Cochabamba en las protestas generadas por los resultados de las elecciones de octubre.
Institucionalidad democrática
Son 70 vulneraciones registradas contra la institucionalidad democrática, “concebida como los arreglos eficaces que garantizan que la sociedad y el Estado convivan sin desconocer los conflictos, los desacuerdos y las tensiones que son propios de la pluralidad política y cultural, así como la independencia de poderes, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”.
De las 70, 34 se refieren a la realización de procedimientos contrarios a la norma, 31 a la independencia personal (ejercer la función pública sin presiones ni influencias particulares), cuatro a la independencia institucional (separación de funciones de órganos e instituciones) y un caso de designación de autoridades.
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El informe destaca la crisis del sistema judicial y el Ministerio Público que, ante el cambio de gobierno, “ambas demostraron una actitud servil ante quien detenta el poder e incumplieron el deber de investigar, a profundidad, lo ocurrido durante la crisis política de 2019”.
Libertad de expresión
En 2020 se registraron 43 vulneraciones a la libertad de expresión, de estas 18 tienen que ver con estigmatización, 14 con amenazas, seis con criminalización, dos con acceso a la información y uno con censura. Entre las amenazas se encuentra las vertidas por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien advirtió con detener e iniciar procesos penales a quienes desinformen por redes sociales o a quien haga política con la pandemia.
Para una lectura amplia
“Esperamos que el informe país, basado en el monitoreo realizado por el Observatorio de Defensores, contribuya a una lectura amplia del contexto nacional para seguir promoviendo, desde todos los ámbitos públicos y privados, un entorno propicio para el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos de toda la población boliviana”, expresó la directora de UNITAS, Susana Eróstegui.
El informe se presentó ante más de 80 representantes de diferentes instituciones y organizaciones que participaron de una Consulta Nacional sobre entorno propicio y habilitante para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
El objetivo de la consulta fue integrar los problemas relacionados con el entorno para las OSC en un espacio abierto para el análisis y la reflexión de distintos actores. La situación política, social, jurídica e institucional son parte de este análisis, al igual que la implementación y monitoreo de planes de desarrollo nacionales e internacionales (Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible).
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