La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), mediante un comunicado, denunció una serie de actos de acoso, intimidación, chantajes y prebendas ejercidos por las empresas petroleras Petrobras y YPFB en contra de las comunidades de Tariquía, en el departamento de Tarija. Estas acciones, según la Contiocap, tienen el objetivo de forzar la aceptación de proyectos extractivos en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, pese a la firme oposición de los comunarios.
«Denunciamos que entre los meses de junio, julio y agosto del presente año, Petrobras y YPFB, junto a grupos y sectores afines al partido gobernante, comenzaron una campaña de acoso, intimidación, chantajes, prebendas y promesas inverosímiles para que las comunidades den su aceptación (para la exploración petrolera); pero lo que más bien han provocado son graves divisiones y fracturas internas en las comunidades, con peleas incluso al interior de las familias», refiere el texto publicado en sus redes sociales.
De acuerdo con el comunicado emitido el 2 de octubre, las empresas desoyeron múltiples resoluciones comunitarias que rechazan cualquier actividad hidrocarburífera en la región. La resistencia local fue expresada en asambleas y reuniones donde las comunidades de Chiquiacá, afectadas directamente por los proyectos petroleros, votaron unánimemente en contra del ingreso de las empresas a la reserva. Sin embargo, Petrobras y YPFB intensificaron sus esfuerzos mediante campañas de presión, ofreciendo prebendas y promesas de desarrollo, lo que ha provocado divisiones internas entre los comunarios.
La Contiocap señala que estas prácticas de injerencia generaron enfrentamientos incluso dentro de las familias, dañando la cohesión comunitaria y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. La situación se agravó entre junio y agosto de este año, cuando las empresas petroleras, junto a sectores afines al Gobierno, presuntamente intensificaron sus tácticas de chantaje y coacción para obtener apoyos parciales en ciertas comunidades. Estos apoyos, según los denunciantes, no representan la voluntad mayoritaria del cantón Chiquiacá, donde se mantiene una férrea defensa del territorio y los recursos naturales.
Pese a los intentos de las petroleras, en julio pasado, una reunión cantonal reafirmó el rechazo a las actividades extractivas y acordó que no se permitiría el ingreso de más empresas a «socializar» o a ofrecer prebendas a la población. No obstante, las empresas continuaron con su estrategia de dividir a las comunidades, lo que ha generado un clima de tensión y desconfianza.
Ante esta situación, la Contiocap exige la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para investigar y detener el acoso que sufren los defensores del medioambiente en Tariquía. La coordinadora también insta al gobierno boliviano a cumplir con sus compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, que protege los derechos de los defensores ambientales. “Luchar por el territorio es luchar por la vida”, concluyen, y reiteran su compromiso de defender la reserva natural y sus recursos hídricos frente a las actividades extractivas que amenazan su sostenibilidad.
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