El Tribunal Constitucional Plurinacional, que está integrado por magistrados autoprorrogados en sus cargos, declaró inconstitucional una parte de la Ley de la Madre Tierra y dio paso a la legalización del negocio de los bonos de carbono, que estaba prohibido en Bolivia, según el fallo emitido el 19 de junio pasado.
El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, declaró a Sumando Voces que la emisión de bonos de carbono es una práctica “perversa y especulativa” porque premia al que estaba deforestando cuando deja de hacerlo y no así al que estuvo conservando la naturaleza. No sólo eso, sino que quienes compran estos bonos continúan contaminando en sus países porque acreditan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la compra de bonos en países como Bolivia.
El senador del MAS por Pando, Ermenegildo Llavera Chusgo (evista), presentó la demanda argumentando que un artículo de la Madre Tierra vulnera el derecho a un medio ambiente sano y se sobrepone a tratados internacionales. El Tribunal Constitucional le dio curso a su demanda sin considerar la defensa de la Vicepresidencia, que por norma, es la que defiende las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa.
El artículo demandado es el 32, inciso cinco, que dice: “Todos los planes y programas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono”.
“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que confiere la Constitución Política del Estado y el artículo 12,1 de la Ley del Tribunal Constitucional, resuelve declarar la inconstitucionalidad de la frase “… estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a mercados de carbono”, según el fallo al que tuvo acceso este medio.
¿Cómo funcionan los bonos?
Solón explica que, con este fallo, “a partir de ahora es constitucional y legal mercantilizar las funciones ambientales de la madre tierra”. Explica que la naturaleza tiene una parte material y otra inmaterial, como la de capturar dióxido de carbono, proveer oxígeno, proveer sombra, evitar la desertificación de la tierra. “Y lo que establecía la ley 300 era que esta mercantilización de las funciones ambientales estaba prohibida”, indica el especialista.
Señala que quienes promueven el negocio de los bonos de carbono “son sobre todo empresas y consultoras que están ahora en Bolivia promoviendo mercados de carbono, que están detrás de este senador del MAS y que están yendo a ofrecer a territorios indígenas y municipios millones de dólares, pero sin ningún asidero porque el negocio es para los intermediarios”.
Explicó que existen diversos tipos de bonos de carbono, pero el que se está ofreciendo es el denominado RED (reducción de emisiones de deforestación y degradación de bosques), que se emiten en función a cuánto se deja de deforestar cada año. Por ejemplo, si alguien deforesta 100 hectáreas este año, pero al próximo deforesta solo 60, entonces puede poner a la venta bonos por las 40 hectáreas que no se deforestaron este año, indica. “Pero, es un aliciente para el que está deforestado, pero no para el que no deforesta y siempre estuvo conservando”.
Pero, además, estos bonos, explica Solón, son usados por las grandes industrias del mundo para certificar en sus países que están reduciendo sus emisiones a través de los bonos de carbono, pero en los hechos siguen contaminando. “Son como permisos para seguir contaminando”, señala.
¿Qué papel jugó la Vicepresidencia?
La Vicepresidencia se apersonó al Tribunal Constitucional para defender la Ley de la Madre Tierra, sin embargo, sus argumentos no fueron tomados en cuenta. Es más, el fallo indica que esa instancia no presentó informes ni expuso argumento alguno con relación a la acción de inconstitucionalidad pese a su legal y oportuna citación.
Solón concluye que el fallo ha sido emitido escuchando solo a una de la partes, sumando los argumentos de los propios magistrados. “Esta es la señal de como los jueces autorprorrogados están de salida se están vendiendo al mejor postor”, concluye el especialista y activista por el medio ambiente.
Fuente: Brújula Digital
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