La Defensoría del Pueblo presentó hoy el informe sobre la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en las 19 cárceles de Bolivia, donde destaca que un policía tiene que vigilar a 23 detenidos y un médico debe atender un promedio de 410 reos, informó Susana Salinas, funcionaria de la Defensoría del Pueblo.
La investigación para la conclusión del informe se hizo entre junio a noviembre de 2018 en 19 centros penitenciarios del país, de los cuales siete cárceles son de varones, cuatro de mujeres y ocho penales mixtos.
«El hacinamiento hasta mayo de 2018 asciende a 225%, cuyo pico más alto se advierte en los centros de Chuquisaca que tiene una capacidad para albergar 102 internos y cuenta con una población penitenciaria de 738«, indicó Salinas.
El hacinamiento sigue siendo un problema que refleja la crisis del sistema penitenciario y eso se debe fundamentalmente a la excesiva aplicación de la detención preventiva. Se tiene un 69,92% de la población carcelaria con detención preventiva y 30,08% con sentencia condenatoria.
Esto ha generado una desproporcionalidad en cuanto a la atención en tareas de seguridad, salud, educación, infraestructura, actividades laborales, alimentación, entre otros.
Se cuenta con un total de 18.895 privados de libertad en los 19 centros penitenciarios del país, entre detenidos preventivos y sentenciados, para los cuales se destinó a 432 uniformados para realizar las tareas de vigilancia y control, cifra que no es suficiente no solo para las tareas de vigilancia interna y externa, sino también para el control de los reos y acompañamiento en salidas judiciales.
«La carencia de personal de seguridad externa dificulta las salidas judiciales de atención médica y otros. Existe un promedio de 20 salidas, tanto para audiencias como atenciones médicas, por día«, manifestó.
En el área de salud se cuenta con un promedio de un médico para la atención de 410 privados de libertad, en Potosí la situación es más alarmante ya que se cuenta con un galeno para atender a 881 reos.
A esa situación se suma que el 42% de las cárceles no cuentan con ambientes adecuados para la atención en salud, sino que tienen espacios adaptados e improvisados, no existe atención integral, no hay medicamentos suficientes y en algunos centros penitenciarios no realizan la revisión médica a los niños que habitan junto a sus padres.
En las cárceles habitan un total de 374 niñas y niños, de los cuales 173 viven el penal de San Pedro de La Paz, 88 en cárceles para mujeres y 113 viven en centros penitenciarios mixtos.
Además, las infraestructuras de las cárceles son precarias y no reúnen las condiciones de habitabilidad, el 26% de los centros no cuentan con alcantarillado, las instalaciones eléctricas son inseguras y la basura es un foco de infección.
Además, la alimentación no reúne los requisitos nutricionales, los espacios educativos no cuentan con aulas exclusivas, las actividades laborales se desarrollan en lugares improvisados y no hay apoyo a las prácticas deportivas.
ANF
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