AHORADIGITAL.- El diputado Edwin Rosas anunció que solicitará un informe oficial al Gobierno Municipal de Tarija sobre el programa de fotomultas, tras las contradicciones en su aplicación y recordó que, pese a los reclamos ciudadanos y al anuncio del alcalde sobre la cancelación del proyecto, la empresa a cargo asegura que el sistema sigue vigente:“Entonces, la pregunta es, ¿quién manda en Tarija? ¿Quién manda en la ciudad de Tarija? Se supone que el alcalde es la máxima autoridad política y lo que dice la máxima autoridad política es palabra que se debe cumplir”, cuestionó.
Rosas criticó que el contrato con la empresa se haya firmado sin un respaldo legal ni una socialización previa, lo que podría derivar en consecuencias económicas para el municipio. Según explicó, en caso de rescindirse el contrato, la Alcaldía podría verse obligada a pagar daños y perjuicios a la compañía, y es por ello que pidió que se transparente el proceso y se informe si el convenio continúa o fue anulado.
El legislador considera que el proyecto carece de sustento jurídico y advirtió que su ejecución pondría en riesgo a las autoridades municipales: “Está claro de que el proyecto no tiene asidero legal y lamentablemente el alcalde debe eliminar ese proyecto y debe sentar autoridad en Tarija porque de lo contrario Tarija estuviese sin autoridad”, señaló.
Asimismo, anunció que presentaron una petición de informe en el marco del artículo 24 de la Constitución, con el objetivo de conocer tres puntos clave: si el programa sigue vigente, si efectivamente fue cancelado como se anunció públicamente y si la empresa tiene respaldo legal para continuar emitiendo multas. Rosas afirmó que, por ahora, no han tenido acceso al contrato y que existe información que se estaría ocultando.
Por otro lado, el diputado también se refirió a la propuesta de legalización de vehículos indocumentados y alertó sobre los riesgos que esto implica para la imagen internacional del país: “No podemos mostrarnos hacia afuera como un país que legaliza lo ilegal y que seríamos un país donde se viene a legalizar la delincuencia que ocurre en otros países”, advirtió.
Finalmente, Rosas subrayó que cualquier intento de regularizar estos motorizados debe ir acompañado de un marco normativo riguroso que evite el ingreso de vehículos robados y frene la acción del crimen organizado, y a su criterio, legalizar sin controles significaría atraer ilegalidad y perjudicar la relación con países vecinos.
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