AHORADIGITAL.- La Brigada Parlamentaria de Tarija emitió un pronunciamiento de tres puntos en el que ratificó su respaldo a la institucionalidad democrática y rechazó de forma contundente las propuestas de un revocatorio presidencial extemporáneo. El presidente de la organización legislativa regional, Gabriel Corvera, calificó esta iniciativa de ilegal e inconstitucional, recordando que las propias autoridades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) la declararon inviable por generar expectativas normativas imposibles de cumplir.
Asimismo, Corvera lamentó el fracaso de las medidas de flexibilización del aparato estatal, como la suspensión temporal de órdenes de aprehensión contra los dirigentes de las protestas, argumentando que estas concesiones no coadyuvaron al diálogo y exigió al Poder Ejecutivo aplicar sanciones penales drásticas contra quienes bloquean las carreteras del país.
«Creo que los tiempos de diálogo ya se han acabado, hemos hecho todo lo factible, necesitamos comenzar a tomar decisiones porque hemos visto que se han suspendido hasta órdenes de aprehensión y lamentablemente las mismas no han ayudado ni coadyuvado al diálogo. Entonces creo que se necesita, evitando el derramamiento de sangre, pero tomar la institucionalidad y la seguridad de la población en especial, de aquellos departamentos que se encuentran bloqueados. Hemos dicho, estamos en contra de todo tipo de bloqueo. Aquellos que bloqueen deben de tener sanciones, en especial si causan muerte o si causan, en este caso, pérdidas económicas».
Ante la asfixia económica provocada por el aislamiento geográfico, la representación parlamentaria envió copias de sus resoluciones a la sede de gobierno en La Paz y remitió una nueva correspondencia formal dirigida al Ministerio de Defensa. El objetivo de esta gestión urgente es solicitar a la máxima autoridad de dicha cartera de Estado la reactivación de puentes aéreos institucionales y la programación de vuelos solidarios que permitan mitigar el desabastecimiento de insumos básicos, además de facilitar el traslado seguro de los ciudadanos que se encuentran varados debido a la persistencia del conflicto vial en las carreteras.
Respecto a la posibilidad de declarar un estado de excepción para desbloquear las rutas por la fuerza, Corvera aclaró que, aunque inicialmente se consideraba un escenario remoto, la gravedad de la situación actual obliga a contemplarlo como un recurso de última instancia. El legislador puntualizó que activar este régimen es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo y que, una vez que el decreto presidencial llegue al Órgano Legislativo para su aprobación constitucional, los parlamentarios fijarán una postura oficial.
En caso de aplicarse, la autoridad tarijeña recomendó que la medida no sea generalizada, sino estrictamente focalizada y sectorizada en las regiones que concentran el eje troncal del conflicto, priorizando la intervención militar y policial en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba para restablecer el orden y el libre tránsito.
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