AHORADIGITAL.- El Presidente de la Federación Departamental de juntas vecinales (FEDJUVE) de Tarija, Celestino Barro, expresó su firme rechazo a la Ley 1633, la cual considera que permite una intervención inadecuada en las empresas.
Según Barro, el gobierno debe enfocarse en la gestión y en asegurar el abastecimiento de productos esenciales, como los mercados y el combustible, y no en inmiscuirse en las funciones que corresponden al sector privado.
Las largas colas para obtener combustible siguen siendo un problema grave en el país, lo que ha generado un clima de confrontación social entre los ciudadanos, afectando la convivencia entre bolivianos. «Esta situación no puede continuar, estamos viendo cómo nos enfrentamos entre hermanos debido a una falta de soluciones concretas, especialmente con el tema del combustible», señaló el ejecutivo de la Fedjuve.
Además, Barro criticó la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en cuanto al abastecimiento de gasolina y la regulación del dólar, ya que, según los dirigentes, estos problemas siguen sin resolverse. «Todo se compra en dólares y esto sigue afectando a la economía del país», afirmó.
En cuanto a la intervención del gobierno en los mercados, Barro recordó que EMAPA ha estado distribuyendo productos como arroz, lo cual consideran una competencia innecesaria con los vendedores de mercados y comerciantes, generando tensiones en las comunidades, con problemas de distribución que afectan a las familias de los barrios de Tarija.
Asimismo, la Federación expresó su apoyo a las iniciativas que buscan solucionar la crisis económica, reiterando la necesidad de unidad entre las organizaciones sociales y sindicales para enfrentar los desafíos actuales. «Tenemos que estar unidos para confrontar la crisis económica que estamos viviendo», enfatizó.
Otro de los puntos destacados fue la crítica a las exportaciones de carne, que, según la federación, se están llevando a cabo sin restricciones, lo que ha afectado el abastecimiento interno de los mercados. Esto ha generado preocupación en varios sectores, especialmente en los más vulnerables que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos.
Ante esta situación, Barro anunció que continuarán con movilizaciones y protestas, incluyendo marchas, cacerolazos y el paro movilizado convocado para el 10 de febrero, para exigir soluciones y poner fin a lo que consideran una «crisis económica difícil». «Hoy en día es un lujo comer una sopa con puchero», finalizó.
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