AHORADIGITAL.- La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que se ha dictado sentencia contra un hombre de 28 años, identificado como padrastro de una menor de 12 años, por los delitos de violación y abuso sexual agravado. El hecho salió a la luz el pasado viernes 7 de febrero de 2025, cuando la madre de la víctima la llevó a un centro hospitalario debido a fuertes dolores estomacales que presentaba la niña. Tras una revisión médica, se descubrió que la menor se encontraba en estado de gestación, con aproximadamente cinco meses de embarazo.
Ante este hallazgo, tanto la madre como la ginecóloga que atendió a la menor procedieron a indagar sobre las circunstancias del embarazo, considerando que se trataba de un delito grave. Según la declaración de la menor, afectada y llorosa, relató que desde abril de 2024 su padrastro la había estado agrediendo sexualmente de manera reiterada, lo que derivó en el embarazo.
Inmediatamente, se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, y se iniciaron las investigaciones correspondientes. Las autoridades actuaron con celeridad, y en menos de 48 horas, el padrastro fue detenido y llevado a audiencia de medidas cautelares. Durante el proceso judicial, el imputado optó por someterse a un procedimiento abreviado, aceptando la pena máxima establecida por el ordenamiento jurídico: 30 años de prisión sin derecho a indulto.
El Ministerio Público rechazó cualquier posibilidad de reducir la pena, asegurando que se aplicaría el máximo rigor de la ley. Finalmente, el juez dictó sentencia condenatoria ejecutoriada, imponiendo la pena de 30 años de cárcel, que el condenado cumplirá en el penal de Morros Blancos.
El caso ha sido manejado con extrema discreción para proteger la identidad y los derechos de la menor, evitando así su revictimización. Las autoridades han destacado la importancia de actuar con rapidez y firmeza en casos de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.
Gutiérrez manifestó que este fallo judicial marca un precedente significativo en la lucha contra la impunidad en casos de abuso sexual infantil, demostrando que el sistema de justicia puede actuar de manera eficaz para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
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