AHORADIGITAL.- El abogado Roger Toro denunció penalmente a exdirectora de Aduana en Tarija por la destrucción de un bus valorado en 180 mil dólares, el cual fue adquirido mediante remate judicial. Aunque la Fiscalía rechazó la denuncia por contrabando en febrero de 2025 y la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) ordenó suspender cualquier ejecución, la Aduana procedió a desmantelar el motorizado de forma unilateral. Toro calificó el hecho como una violación al principio de inocencia y a la seguridad jurídica, ya que el bus contaba con una resolución de devolución firme que fue ignorada por la administración aduanera.
Durante una inspección ocular reciente, se constató que el vehículo ya había sido cortado a la mitad y despojado de sus piezas, a pesar de que la ley prohíbe disponer de bienes bajo custodia que no sean perecederos. «Sin embargo, la aduana nuevamente, en total ilegalidad, procede a la destrucción del ómnibus, siendo de que el mismo ya ha sido motivo de investigación en la vía ordinaria y que a la fecha cuenta con una resolución de rechazo.», explicó el jurista, quien ya formalizó la denuncia contra los administradores responsables.
Según Toro, la institución mantuvo el secuestro del bien desde 2023 basándose en indicios que fueron descartados tras un año y medio de investigación fiscal. El abogado lamentó que una entidad del Estado ignore los mecanismos de impugnación que, por norma, tienen carácter suspensivo para evitar daños irreparables al patrimonio de los ciudadanos.
Además de la destrucción física, el jurista reveló que existen indicios de que las partes del bus estarían siendo comercializadas de forma irregular en otros departamentos del país. «Lamentablemente a la fecha está desmantelado y tenemos información reciente que ese bus ya estaría no solamente en el departamento de Oruro, sino que ya está a la venta, porque lo han destruido, lo han desmantelado, lo han cortado a la mitad», aseveró Toro. Esta situación agrava la denuncia penal, sugiriendo un posible esquema de tráfico de autopartes dentro de la administración.
Finalmente, los afectados anunciaron que exigirán la restitución del valor del vehículo y sanciones drásticas para los funcionarios involucrados. El caso deja en evidencia un conflicto de competencias donde la Aduana Nacional habría sobrepasado su autoridad por encima de fallos de la Fiscalía y la AIT.
AHORADIGITAL
Mira también
