Luego de más de nueve meses de investigación, análisis forense y presión social, el sistema judicial boliviano dictó una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los cuatro acusados del asesinato de Oriel Cayo Ávila, joven de 27 años, futbolista del Club Ciclón y peluquero reconocido en Tarija. El crimen, ocurrido en noviembre de 2023, causó conmoción nacional por su brutalidad.
Los condenados son Kevin López Rivera (30), Richard Ugarte Menacho (38), Maira Fabiana López (36) y Gabriela Guerrero Espinoza, todos miembros de un grupo familiar acusado de integrar una banda dedicada al «pildorazo». Serán enviados a los penales de Chonchocoro (varones) y Morros Blancos (mujeres), donde deberán cumplir la pena máxima prevista por la legislación boliviana.
El crimen: sedado, apuñalado y arrollado
El hecho ocurrió la madrugada del 20 de noviembre de 2023, tras que Oriel Cayo saliera a compartir con amigos en una discoteca. Según la investigación del Ministerio Público, los ahora sentenciados le suministraron somníferos en su bebida, lo despojaron de sus pertenencias —incluido su celular—, lo apuñalaron y, posteriormente, ya sin signos vitales, lo arrollaron y arrastraron por casi dos kilómetros con un motorizado blanco, intentando simular un accidente.
El cuerpo fue hallado en una zona alejada del barrio Germán Busch. La autopsia reveló lesiones punzocortantes, trauma craneofacial, exposición encefálica y una herida abierta en el muslo izquierdo. La escena estaba completamente a oscuras, lo que dificultó los primeros trabajos de peritaje, pero el uso de luminol y pruebas de ADN fue clave para identificar a los culpables.
“Se esclareció el hecho. El lugar no tenía iluminación, pero se trabajó con pericias científicas y se logró demostrar la participación de los cuatro sentenciados”, indicó uno de los abogados de la familia Cayo.
Pruebas determinantes y sentencia
Durante el juicio, el Ministerio Público y la parte civil presentaron imágenes de cámaras de seguridad, peritajes genéticos y testimonios que confirmaron la participación de los cuatro sujetos. El ADN hallado en el vehículo coincidió con los rastros biológicos de la víctima. Además, se demostró que el grupo operaba bajo el mismo modus operandi en otros casos previos de «pildorazos».
“Se valoró cada prueba y el tribunal encontró responsabilidad penal plena. La sentencia es de 30 años de cárcel para cada uno”, informó el abogado de la familia, recalcando que no hay derecho a indulto.
Reacciones enfrentadas: dolor de una madre, negación de los condenados
A la salida del tribunal, los condenados insistieron en su inocencia.
“Somos inocentes, nos culpan de algo que no cometimos. Exigimos que den con los verdaderos autores”, dijo uno de ellos, mientras otro agregó: “Estoy tranquilo, todo debe hacerse público, confío”.
Sin embargo, las familias de la víctima no comparten esa versión. La madre de Oriel, visiblemente afectada, declaró:
“Ellos saben cómo lo hicieron… no me lo van a devolver, pero mi hijito por fin descansará en paz. Siempre confié en Dios para que se haga justicia”.
Su ex pareja también expresó su alivio:
“Siempre se hizo querer, no merecía morir de esa forma. Gracias a Dios, hoy podemos decir que la justicia existe”.
El crimen dejó a sus dos sobrinos del joven en la orfandad, mientras sus seres queridos afirman que “todo se perdió con su muerte”.
Por su parte, familiares de los sentenciados aseguran que hubo irregularidades en el proceso y señalaron que un testigo clave —amigo de Oriel— declaró que el grupo no fue responsable directo del asesinato. Según esa versión, Cayo habría sido víctima de una confusión y habría sido abandonado mientras se encontraba desorientado por efecto del alcohol.
“Le estaban robando en la discoteca, mi hermana le avisó y por eso hubo un forcejeo. Luego compartieron bebidas, él se descontroló y lo dejaron sentado… después apareció muerto”, relató un familiar.
Al finalizar estos sujetos fueron subidos a una camioneta policial, el cual los trasladó al Penal de Morros Blancos, mientras se prevé que la parte acusada apelara la decisión judicial.
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Fuente: El Andaluz
