AHORADIGITAL.- El diputado Edwin Rosas cuestionó este martes la implementación del proyecto de fotomultas anunciado por el Gobierno Municipal de Tarija, al considerar que no se transparentó la contratación de la empresa privada ni se siguieron los procedimientos legales establecidos. Además, señaló que este sistema podría significar un perjuicio económico para la población en plena crisis.
“Hace un mes le hemos presentado una nota al alcalde solicitándole esta misma información, pero por chicanas y una serie de pretextos nos niegan la información”, manifestó Rosas, quien ahora ha formalizado una petición de informe escrito. Según advirtió, si no se obtiene respuesta en un plazo de 15 días, se solicitará una interpelación oral y no se descarta acudir a otras instancias.
El legislador explicó que se busca conocer quién contrató a la empresa, bajo qué modalidad, si hubo aprobación del Concejo Municipal, cuáles son los alcances del sistema de sanciones y el mecanismo de cobro de las multas, que, según versiones extraoficiales, estarían establecidas en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs).
“Está claro que no hay una intención de querer transparentar este proyecto y lo que queremos saber es qué instituciones le han puesto la firma”, afirmó Rosas. Añadió que, de confirmarse que una empresa privada percibirá el 50% de lo recaudado por multas, se estaría consolidando un negocio a costa de los ciudadanos, sin un marco normativo claro.
Rosas también cuestionó la legalidad de que el municipio asuma competencias sancionatorias en materia de tránsito, atribuidas por ley a la Policía Boliviana, señalando que la Alcaldía tiene competencia para educación vial, pero ninguna ley le faculta para implementar un proyecto que signifique sacar una multa económica a los ciudadanos.
En respuesta a las declaraciones del alcalde sobre los objetivos del proyecto -como la seguridad vial de niños y personas mayores-, el diputado señaló que “el fondo puede ser bueno, pero la forma oscura en la que se está queriendo implementar sin que nadie sepa, eso es lo que nos llama la atención”.
Finalmente, recordó que las multas previstas oscilarían entre Bs 200 y Bs 500, lo que considera excesivo sin una debida socialización ni respaldo legal. “Nosotros vamos a llegar al fondo de este tema porque está claro que así no puede implementarse una política que le signifique sacarle plata al bolsillo a la gente”, concluyó.
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