Afiliadas a la organización de madres solteras “21 de septiembre” cumplieron su tercer día de toma del edificio central de la Gobernación de Tarija exigiendo la reactivación del Programa de Empleo Urgente Productivo (PEU-P), a pesar de que parte del gabinete de secretarios del gobernador, Oscar Montes, dejó en claro que esto no será posible porque no es viable financieramente hablando.
La representante de las movilizadas, Rosa Colque, señaló este jueves que no levantarán la medida de presión hasta que el gobernador las reciba en audiencia y “cumpla su palabra” de gestionar fuentes laborales para una organización que reúne a más de 600 personas.
Advirtió que de no recibir una respuesta positiva, a partir de este lunes radicalizarán la protesta y entrarán en una huelga de hambre para alcanzar su objetivo.
“Había un compromiso de que este programa se reanude en el mes de enero pero no se cumplió, estamos mucho tiempo ya sin trabajo y el gobernador no nos escucha, somos compañeras desempleadas que no tenemos un profesión, somos madres y padres para nuestros hijos pero no hemos recibido ninguna respuesta hasta el momento”, enfatizó.
En la contraparte, el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Jorge Bacotich, lamentó que esta medida de presión perjudique el normal desenvolvimiento de las funciones ejercidas por trabajadores del Ejecutivos.
“Obstaculizar la función pública o judicial es un delito y es obligación de todo servidor público presentar denuncias ante la Policía Boliviana o el Ministerio Público cuando se cometen delitos”, acotó.
Bs 1.000 millones gastados sin mayor rédito
“Cuando existía el PEU-P, que ha sido cerrado el 2015, se ha gastado más de Bs 1.000 millones, la pregunta para cualquier tarijeño es ¿cuál ha sido el objetivo? No ha habido frutos ni beneficio para Tarija habiendo gastado millones en un plan que ha dejado a la gente sin ninguna perspectiva a futuro”, declaró el secretario Bacotich.
Con información propia y de El Periódico
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