AHORADIGITAL.- El Gobierno Regional del Gran Chaco inició una querella penal contra la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) por la aprobación del proyecto de ley del 45%, al considerarlo inconstitucional y una vulneración a la autonomía regional. El secretario de Gestión Institucional, Miguel Salazar, informó que la acción debía ser encabezada por el ejecutivo regional José Luis Ábrego, pero explicó que él se apersonó ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia.
Salazar sostuvo que los asambleístas departamentales deberán asumir responsabilidad por haber legislado una norma que, a su criterio, carece de competencia y afecta a la región y en ese contexto, afirmó literalmente: “Es así que nos hemos apersonado ya por el Ministerio Público, ya hemos interpuesto la querella criminal contra los asambleístas departamentales que legislaron una norma inconstitucional sin competencia”. Salazar también agregó que espera que los denunciados comparezcan ante la Fiscalía para aclarar su participación y que incluso “comiencen a ahorrar” porque, según dijo, podrían enfrentar procesos que los lleven a Morros Blancos.
La primera etapa de la denuncia se dirige contra la directiva y los proyectistas de la ley, mientras el Gobierno Regional pidió vía requerimiento fiscal la lista oficial de quienes votaron por la aprobación y Salazar señaló que el acta de la sesión no ha sido entregada y que, una vez se cuente con esa documentación, la querella se ampliará a todos los miembros que apoyaron la norma remarcando que desde el Chaco interpretan este proyecto legislativo como un intento de eliminar competencias regionales, lo cual no permitirán.
Respecto al avance procesal, Salazar explicó que la querella recién fue presentada y que ahora corresponde que siga su curso para su admisión formal asegurando que, una vez aceptada, continuarán todas las acciones legales que correspondan e insistió en que cada autoridad debe responder de forma personal por sus actos, bajo el argumento de que aprobar una ley sin competencia vulnera derechos, transgrede normas y configura presuntos delitos.
El secretario detalló que identificaron cuatro posibles delitos: incumplimiento de deberes, resolución contraria a la Constitución y la ley, usurpación de funciones y un presunto daño económico al Gobierno Regional del Chaco, que, según indicó, se derivaría de la ejecución de la norma cuestionada sosteniendo que utilizarán todos los recursos legales para que la denuncia sea considerada, y que, en caso de no ser escuchados, presentarán las apelaciones que la normativa permita.
Finalmente, consultado sobre los argumentos con los que algunos asambleístas justificaron la aprobación del proyecto, Salazar afirmó: “Pueden decir todo lo que quieran, por eso una cosa es que digan y otra es probar, ¿no es cierto?, con elementos de prueba en instancia que corresponde”. A su criterio, la defensa pública de los legisladores no sustituye la obligación de respaldar sus decisiones con documentación válida ante la justicia.
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