AHORADIGITAL.- El economista Fernando Romero proyecta un escenario de alta complejidad para el mes de junio, fecha en la que el Gobierno nacional deberá decidir el futuro de la subvención a los carburantes. Según Romero, el conflicto bélico internacional y la condición de Bolivia como importadora neta de combustibles están generando una presión insostenible sobre las reservas y el déficit fiscal.
El analista plantea que el Ejecutivo se encuentra entre dos caminos críticos: incrementar el gasto público para mantener el subsidio, agravando la iliquidez de dólares, o sincerar los precios del mercado, lo que dispararía una inflación que afectaría directamente el poder adquisitivo de las familias bolivianas.
Evaluación del semestre de gestión de Rodrigo Paz
Al cumplirse casi seis meses del gobierno de Víctor Rodrigo Paz, Romero realizó una evaluación crítica de su desempeño económico, aunque reconoce un impulso inicial, señala que la gestión se ha estancado y carece de reformas de fondo. «Creo que la calificación ya en casi seis meses del gobierno de Rodrigo Paz es positivo, pero con 36 o 51, raspando, ha probado, además tiene grandes debilidades y fragilidades, no solamente económicas, sino que también políticas», afirmó el economista. Para Romero, la ausencia del Presupuesto General del Estado 2026 y la falta de una ruta crítica clara mantienen a la economía en un estado de vulnerabilidad institucional.
En el ámbito local, el panorama para la gobernadora electa, María René Soruco, es descrito como alarmante. Romero estima que la deuda pública que queda por pagar asciende a los 900 millones de bolivianos, indicando que este pasivo obligará a la nueva administración a destinar aproximadamente 100 millones de bolivianos anuales durante la próxima década solo para honrar compromisos pasados. Con un techo presupuestario que ronda los 400 millones y una caída estrepitosa en las regalías petroleras, la capacidad de inversión de la Gobernación quedará reducida al mínimo, priorizando el funcionamiento operativo sobre el desarrollo de obras.
El análisis económico destaca que la Gobernación de Tarija se ha convertido en un ente meramente administrativo debido a la carga de obligaciones que no le corresponden legalmente, señalando que existen más de noventa leyes que obligan al departamento a financiar programas de salud, educación y bonos sociales que deberían ser competencia del nivel central. «Hay que ajustarse a una realidad financiera dura, crítica, con alta deuda pública. muy bajos ingresos fiscales que van a tender a bajar, obligaciones y competencias nacionales en el tema de salud», sentenció, subrayando que casi 100 millones de bolivianos al año se diluyen entre salarios y gastos corrientes antes de siquiera considerar proyectos de impacto social.
Finalmente, el economista instó a la gobernadora electa a realizar reformas estructurales profundas para evitar el colapso total de la institución y cuestionó la permanencia de entidades deficitarias como el SEDECA, que generan gastos sin retornos productivos, y sugirió un reajuste presupuestario que podría incluir sacrificios políticos y sociales.
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