AHORADIGITAL.- La consejera de Administración de COSAALT, Fabiola Ríos, denunció que la cooperativa está siendo controlada por un directorio que considera ilegal y que, según afirmó, actúa movido por intereses económicos personales explicando que después de un año y medio se realizó una asamblea que, a su criterio, solo sirvió para aprobar los informes de gestión de 2023 y 2024, sin abordar los problemas estructurales que atraviesa la institución. Indicó que los asociados no tuvieron más opción que aceptar el orden del día, mientras que temas urgentes quedaron pendientes.
Ríos señaló que una de sus principales preocupaciones es la existencia de presuntos actos de corrupción que, asegura, involucran a tres consejeros y afirmó que el caso ya fue llevado nuevamente ante el Ministerio Público y que la denuncia incluye acusaciones directas: “Contra el señor Cristian Flores, contra la señora Mabel Cuellar y el señor Rolando Ruiz por recibir coimas en nuestra institución para favorecer a una empresa con un total de 7.000 cajas para micromedidores que tienen un costo de un millón y medio de bolivianos aproximadamente y a eso ellos han hecho solicitudes de recursos económicos a la empresa de 30.000 bolivianos a cuentas de sus familiares.”
Sobre la situación financiera, la consejera aseguró que la cooperativa ya se encuentra en números rojos y que no existe estabilidad económica, señalando que, pese a contar con un POA, algunos consejeros estarían administrando la entidad como si se tratara de recursos personales, recurriendo frecuentemente a reformulados para justificar gastos. En ese contexto, cuestionó la intención de adquirir la infraestructura de COSETT por cuatro millones de bolivianos, advirtiendo que COSAALT no se encuentra en condiciones de asumir una inversión de esa magnitud sin conocer a profundidad su situación real.
La autoridad también cuestionó la falta de avance en la gestión de la deuda vinculada a las lagunas de oxidación y recordó que lograron un recurso revocatorio ante la Gobernación para evitar una multa por la ausencia de informes ambientales entre 2013 y 2022, pero aseguró que el directorio actual no ha continuado con la defensa institucional criticando además que quienes la desplazaron del cargo la acusaron de ineficiencia, pese a que —según remarcó— tampoco han logrado obtener la licencia ambiental ni resolver las auditorías iniciadas por SIDECAF.
Ríos afirmó que su denuncia fue inicialmente rechazada por el fiscal departamental, pero que el proceso se reabrió tras la aparición de pruebas de reciente obtención, incluyendo depósitos bancarios y documentación aportada por una socia de la empresa implicada: “No vamos a permitir que instituciones como las nuestras se plagie de gente que está acostumbrada a vivir de las cooperativas generando actos de corrupción.” Criticó que no se hayan abierto los teléfonos celulares ni avanzado con las investigaciones, y aseguró que existen vínculos previos de los implicados con otros casos en cooperativas.
Finalmente, sostuvo que varias de las personas señaladas habrían participado en prácticas similares en entidades como la cooperativa Catedral, e incluso mencionó responsabilidades en el Tribunal de Honor de COSAALT. Para Ríos, lo que ocurre configura un patrón: un grupo que “pasa de cooperativa en cooperativa”, operando —según expresó— como una red dedicada a desfalcar instituciones y aseguró que continuará con las acciones legales para recuperar la institucionalidad y transparencia de la cooperativa.
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