AHORADIGITAL.- El asambleísta departamental Luis Lema advirtió que el país enfrenta un daño económico de magnitud crítica debido al desvío de combustibles hacia actividades ilegales recordando que la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó recientemente que el 30% del combustible importado termina en el contrabando, cifra que calificó como alarmante señalando que la situación compromete recursos que deberían destinarse a áreas esenciales como salud.
Lema explicó que revisó los datos del Instituto Nacional de Estadística y calculó que entre 2022 y 2024 Bolivia importó aproximadamente 8.900 millones de dólares en combustibles. Con el porcentaje señalado por la ANH, estimó que la pérdida asciende a cerca de 2.687 millones de dólares, equivalente a casi un año entero de importación de carburantes. Asimismo indicó que él ya había alertado este desvío hace dos años, señalando como responsables a sectores vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el uso de vehículos irregulares, donde —según detalló— operan redes que se benefician del combustible subsidiado.
El legislador sostuvo que el problema va más allá del contrabando y alcanza a la estructura interna de YPFB, que —a su criterio— permanece controlada por intereses políticos y sindicales desde hace dos décadas mencionando que su crítica no apunta al sindicalismo como tal, sino a dirigencias que se mantienen de manera vitalicia y que, según afirmó, se vinculan al gobierno de turno para obtener beneficios. En su lectura, se trata de grupos corporativos que se aprovechan del Estado y perjudican a la población.
Para ilustrar la gravedad de la situación, Lema comparó el presente de YPFB con el colapso que vivió Comibol hace 40 años y recordó que la estatal minera llegó a tener 27.000 trabajadores, una estructura sindical inflada y niveles insostenibles de corrupción hasta su cierre considerando que la petrolera se encuentra hoy en un escenario similar: sin reservas de gas, con ingresos reducidos y con una estructura burocrática excesiva. En esa línea, mencionó el caso publicado hace dos años sobre 60 funcionarios en comisión, cuyo costo anual superaría los 12 millones de bolivianos sin generar producción alguna.
El asambleísta añadió que esta estructura pesada, sumada a la subvención que el Estado no puede seguir sosteniendo, exige una revisión profunda del modelo energético afirmando que el país no puede permitir que los responsables de estas pérdidas queden en la impunidad y que urge encarar transformaciones estructurales dentro de YPFB. Además, expresó respaldo a las nuevas autoridades del sector, a quienes reconoció por iniciar la investigación sobre el desvío de combustibles.
Lema cerró su evaluación señalando que la magnitud del daño económico evidencia la necesidad de actuar con urgencia asegurando que transparencia, modernización y control serán esenciales para evitar que la crisis energética se profundice aún más.
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