En una conferencia de prensa cargada de datos y apelaciones a la ética pública, la presidenta del Concejo Municipal de Yacuiba, Vania Sánchez, hizo un llamado urgente a los exconcejales —y en particular a la actual concejal Jacqueline Rocabado— para que desistan de las demandas económicas presentadas contra el Gobierno Municipal, las cuales, según informó, superan los 3 millones de bolivianos.
Sánchez denunció que en plena crisis institucional y de salud, los recursos públicos podrían verse gravemente afectados si se procede con los pagos que se exigen.
La autoridad explicó que se han interpuesto demandas por conceptos de bono de frontera y vacaciones, derechos que —aunque respaldados por sentencias judiciales— considera improcedentes desde el punto de vista ético y administrativo.
Entre los demandantes se encuentran el exconcejal Andrés Aguirre (185.571 Bs.), la exconcejala Ana María Soria (192.689 Bs.) y la actual concejala Jacqueline Rocabado (310.563 Bs.). Esta última, remarcó Sánchez, ha sido particularmente insistente no solo en el bono de frontera, sino también en el cobro de vacaciones, algo que considera contradictorio con su rol actual y su discurso político.
Vania Sánchez hizo hincapié en que los concejales, al ser autoridades electas y no funcionarios públicos con línea jerárquica directa, no deberían acogerse a beneficios laborales diseñados para otro tipo de servidores.
“No existe un control, no tienen un inmediato superior”, señaló, subrayando que su función es de representación ciudadana y no una fuente de lucro personal.
Además, indicó que el municipio atraviesa una grave crisis de salud y carece de fondos para contratar personal médico, por lo que la prioridad debería estar en las necesidades urgentes de la población.
Fuente: Agencias
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