AHORADIGITAL.- El asesor legal del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Luis Barrios, confirmó que el proyecto de fotomultas se encuentra completamente suspendido tras una acción judicial presentada por un ciudadano y según explicó, la Sala Constitucional Primera determinó paralizar la ejecución del programa, por lo que ningún ciudadano debería recibir alguna notificación de multa u otro tipo.
Barrios señaló que, pese a la suspensión, la empresa Smart Solutions S.A. habría continuado con cobros y notificaciones de manera irregular indicando que tales acciones fueron evidenciadas en el proceso de amparo constitucional, donde se demostró que la compañía actuó sin coordinación ni autorización formal del municipio: “La empresa ha actuado de forma unilateral, ha realizado cobros, ha realizado notificaciones”, afirmó.
Asimismo, el asesor legal aclaró que el supuesto vocero que se pronunció en redes sociales sobre el tema no tiene representación legal ante la Alcaldía y en los registros municipales figura únicamente Hans Boss Ferrero como gerente general de Smart Solutions, por ello, anunció que se solicitarán informes oficiales a la empresa para aclarar quiénes están detrás de las declaraciones y qué responsabilidades corresponden.
El funcionario lamentó que desde la compañía se hayan difundido mensajes con información falsa que generan “zozobra y susceptibilidad en la ciudadanía” y por ese motivo, el municipio prepara notas formales para que la empresa rinda cuentas sobre su proceder, tanto en la comunicación pública como en los aspectos administrativos del contrato.
Respecto a la posibilidad de rescindir el acuerdo con Smart Solutions, Barrios informó que se está recopilando documentación y elaborando informes técnicos y explicó que la empresa no ha entregado sus libros contables ni los reportes sobre los recursos que debían depositarse en la cuenta municipal, incumpliendo con las cláusulas contractuales.
Finalmente, el asesor aclaró que el proyecto nunca llegó a implementarse de manera oficial, ya que el alcalde no firmó el decreto que debía aprobar el reglamento correspondiente señalando que el sistema de cámaras se encontraba en una etapa de prueba y socialización, sin autorización para emitir multas y afirmó que la empresa, sin embargo, decidió iniciar operaciones sin orden municipal, quedando en evidencia ante la acción de amparo por haber realizado cobros sin respaldo normativo.
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