AHORADIGITAL.-El presidente de la Cámara de la Construcción, Rolando Surriable, anunció que tras intensas jornadas de diálogo con los ministros del área, se ha logrado un consenso definitivo para la promulgación de un Decreto Supremo de reajuste de precios. Ante este avance, el sector ha decidido suspender las medidas de presión que se tenían previstas, aunque se mantienen en estado de alerta hasta que la normativa sea publicada oficialmente.
La nueva normativa establecerá un marco legal para equilibrar las finanzas de las obras públicas que se encuentran en ejecución, permitiendo el reajuste de ítems críticos como materiales y equipo de construcción. El dirigente explicó que la continuidad de los proyectos dependerá ahora de la disponibilidad de recursos de las instituciones y Entidades Territoriales Autónomas (ETAs).
«Si una obra no tiene los recursos para continuar y terminarse, debería rescindirse el contrato dejando la obra protegida y no abandonada, para que en un contrato futuro, en un futuro inmediato, se pueda reconducir la obra», puntualizó.
En cuanto al impacto económico, Surriable detalló que, si bien la variabilidad real de los precios sugería un incremento cercano al 40%, el decreto se limitará a ajustar materiales y equipos sin incluir gastos indirectos. Esta disposición técnica sitúa el reajuste efectivo entre un 25 y un 30% por cada obra, lo que permitirá a las constructoras cubrir sus hojas de costos sin registrar pérdidas.
«Bueno, se va a tratar de hacer un equilibrio financiero en todas las obras, se van a reajustar materiales, equipo de construcción y obviamente va a depender de todas las instituciones o las ETAs», manifestó.
El representante de las constructoras fue enfático al señalar que todas las relaciones contractuales vigentes deberán someterse a modificaciones para ajustarse a los nuevos valores de mercado. Este paso es considerado esencial para garantizar que las próximas licitaciones salgan con precios correctos y se mantenga un equilibrio financiero que asegure la calidad de las obras y la estabilidad de las empresas encargadas de la infraestructura nacional.
Finalmente, la Cámara de la Construcción espera que este decreto ponga fin a la crisis de costos que amenazaba con paralizar proyectos estratégicos en todo el país.
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