Una vez notificados por la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando con la orden de anulación de la preselección de candidatos judiciales, diputados y senadores solicitaron se convoque a sesión de Asamblea Legislativa para definir si se continúa con la evaluación de méritos de los más de 400 aspirantes o se elabora una nueva ley para concluir este proceso.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas, la notificación llegó pasadas las 14h00 de estos martes, 6 días después que la sala constitucional decidiera dar curso a una acción popular por la denuncia de vulneración de derechos de mujeres indígenas en la composición de postulantes en el departamento de Pando.
Para Rejas, se trata de un “retroceso” y responsabilizó a los miembros de la Sala Constitucional de Pando de la paralización del proceso de preselección de candidatos y de las elecciones judiciales para conformar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Sala Constitución determina en su fallo “dejar sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y del reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación” del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial.
Ya en la sesión de la Comisión Mixta, Rejas informó que se remitirá un informe al presidente de la Asamblea y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, sobre todas las actividades realizadas en el proceso de preselección hasta el 16 de abril, cuando fue paralizado, esta vez, por orden judicial.
Además, se le pedirá que convoque a sesión del Legislativo con el fin de que los legisladores definan qué acciones asumir.
La senadora de la opositora Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos aceptó la propuesta; mientras su colega de bancada el diputado Walter Arizaga discrepó y planteó continuar con el proceso de preselección porque -em su criterio- la decisión de la sala constitucional de Pando hace referencia a un reglamento inexistente.
“Hasta para ser mafiosos hay que ser inteligentes, pero realmente esta gente no es inteligente ni para eso”, espetó.
Sin embargo, la senadora de CC Silvia Salame advirtió que de continuar de manera unilateral con el trabajo y sin el respaldo de la Asamblea Legislativa se podrían venir “más amparos de inconstitucionalidad”.
Según la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, el plazo de 80 días que tenía la Asamblea para remitir la nómina de candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó el lunes, pero en opinión de Salame corresponde interpretar la ley 1549 y seguir la preselección paralizada por una medida cautelar desde el 16 de abril.
En ese contexto, propuso un proyecto de resolución a través del cual el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional decida continuar con esta labor invocando el numeral tercero del artículo 158 de la Constitución que le permite al Órgano Legislativo “interpretar” leyes.
“Con el fin de continuar con el proceso de preselección, determina que los plazos establecidos en la Ley 1549, que quedaron suspendidos por emergencia de medidas cautelares otorgadas por autoridades jurisdiccionales, son reanudadas debiendo proseguirse con la evaluación de méritos establecida en el artículo 13, numeral 6 de la Ley 1549 hasta la finalización de todo el proceso”, refiere el segundo punto del proyecto presentado por Salame.
No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, indicó en conferencia de prensa que primero se debe realizar un análisis integral de la decisión de la Sala Constitucional de Pando para definir qué camino seguir, si se continúa con el proceso o se elabora una nueva ley.
“Necesitamos hacer una revisión completa e integral de todos los elementos de fundamento de la decisión, para que se pueda sugerir al pleno de la Asamblea Legislativa la ruta idónea para concluir este proceso o reanudar este proceso con la construcción de una norma que también atienda todos estos elementos que básica y fundamentalmente están vinculados a garantizar la equidad de género”, argumentó.
Responsabilizó de la decisión judicial a los legisladores de la oposición que el 11 de marzo se opusieron a ampliar el plazo para que más postulantes mujeres se sumen al proceso. “Producto de la miopía de algunos colegas de la Comisión Mixta de Constitución que no atendieron esta sugerencia, hoy en día tenemos una determinación de esta naturaleza, que paraliza el proceso”, cuestionó.
ABI
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