La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), rechazó este jueves la propuesta del presidente Evo Morales, deimplementar en el país la ley contra la mentira, porque limitaría la libertad de expresión y las garantías constitucionales orientadas a proteger el trabajo independiente de periodistas y medios.
El presidente Morales, durante un discurso pronunciado en la ciudad de Sucre, el pasado jueves, expresó que la norma estaría dirigida a autoridades del sector público y a medios de comunicación.
“Estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, como sancionar al mentiroso, sea autoridad o medio de comunicación, un reglamento a la Constitución. Contra flojera, no sé cómo vamos a hacer otra ley, pero falta complementar la Constitución», expresó.
A través de un comunicado, la ANP resalta que la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es clara y concreta al declarar lo siguiente: “Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia al respecto en su Art. 13 manda: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.
Existe una diferenciación entre comunicación informativa de los hechos, y comunicación de ideas o pensamientos. Los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba y están ampliamente amparados por la CPE en el Art. 107, donde claramente señala que “los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, se lee en el documento de la ANP que cita a la Ley de Imprenta.
Los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, por su subjetividad, no necesariamente son demostrables en su exactitud, y pedir pruebas sobre la veracidad de todo lo que se diga, piense o crea, significa censura previa y es totalmente incompatible con la libertad de expresión. Esto además de constituirse en un atentado contra un derecho humano, también significaría un retroceso histórico en el avance de la ciencia y las artes, tal como sucedió durante la inquisición.
«Por lo tanto, crear una ley contra la mentira va en contra de los tratados internacionales y la Constitución que garantizan el ejercicio de libertades y el desarrollo humano», sentencia el texto de la ANP.
De manera responsable ante nuestros públicos, la organización representante de medios impresos pide a los Tribunales de Imprenta bajo tuición municipal y a los Tribunales de Autorregulación Ética reciban y procesen las quejas de las personas que se sientan afectadas por las publicaciones de prensa, y se respete la institucionalidad regida por la CPE, la Ley de Imprenta y el Artículo 296 del Código Penal.
En democracia, la tolerancia a la crítica y a las diferencias de opinión deben merecer respeto tanto de gobernantes como de gobernados.
Desde octubre de 2010, está vigente una Ley contra el racismo que aplica sanciones a medios de información que pueden llegar a su clausura, en caso de reincidencia. Desde entonces, la ley sirvió para el enjuiciamiento de los periódicos El Diario, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF).
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