Entre 2011 y 2017, las empresas estatales de Bolivia ejecutaron Bs 525.700 millones equivalentes a $us 75.500 millones, cifra que representa alrededor del 35% de la participación en el Presupuesto General del Estado (PGE) en los siete años programados.
Los montos otorgados por el Estado a estas empresas son entre siete y cuatro veces más grandes que los que se presupuestan a municipios y gobernaciones.
La información se desprende de una investigación realizada por el economista Julio Linares, con apoyo del Cedla, que se denomina Más ruido que nueces: análisis de los emprendimientos empresariales del Proceso de Cambio, que analiza los recursos programados de 2011 a 2016. El total supera los Bs 612.300 millones, según datos del Sigma, del Ministerio de Economía.
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Las cifras de 2017 se incluyeron a base de estadísticas del Ministerio de Economía de esa gestión y la ejecución real, que fue de un promedio del 75% de lo presupuestado durante los siete años.
“Entre 2011 y 2016, las empresas públicas administraron Bs 612.371 millones; es decir que manejaron entre siete y cuatro veces más que las nueve gobernaciones y los 339 gobiernos municipales, respectivamente”, examinó Linares.
Para reflejar esa dimensión, el economista mostró cuadros que reflejan que los gobiernos departamentales llegaron a presupuestar $us 13.200 millones, que significan un 5,4% de participación en el PGE, mientras que los gobiernos municipales anotaron unos $us 24.200 millones, equivalente al 9,8% de participación.
En su análisis, el investigador sostiene que pese al modelo económico productivo planteado desde el Gobierno central, “se observa que, en la evolución del PGE, la incidencia que tienen las empresas subnacionales y regionales con relación a las públicas del nivel central es completamente marginal”.
Esto deriva en que las empresas estatales administren importantes presupuestos a causa de la extracción de recursos naturales, la denominación de institución estraté- gica y el ámbito competencial en el cual se manejan, contrariamente a las empresas subnacionales, con un ámbito de competencia muy limitado y con muy pocos recursos.
Según el asesor de la Gobernación cruceña, José Luis Parada,“hay demasiada plata que se gasta en las empresas estatales y no se ven los retornos”. En la gestión 2017, el presupuesto aprobado para las empresas estatales fue de $us 12.202 millones, teniendo en cuenta que solo ejecutaron un 73,53%, el monto utilizado en 2017 fue de $us 9.254 millones, según la Gobernación.
Fracaso de compañías
El economista Julio Linares analiza los datos financieros de 11 empresas estatales, con las cuales critica el fracaso del modelo implementado por el actual Gobierno. En ese sentido, dice que de estas compañías, entre 2007 y 2016, se observa que los ingresos de operación cubren apenas un 70% de los gastos de operación ejecutados. “Por ello, estos últimos tuvieron que ser cubiertos por otro tipo de recursos (préstamos, transferencias y aportes del Gobierno central), que no es más que subsidio a la administración de estas empresas”, manifestó.
Las respuestas no se dejaron esperar. Iván Zambrana, director de la Agencia Boliviana Estatal (ABE), declaró a EL DEBER que el estudio de Linares pone todas las empresas en el mismo saco y las analiza con una metodología apropiada a sociedades cuyo principal objetivo es el lucro.
Además, no se considera que la ABE, desde el año 2010 hasta el 2013, ha estado en etapa de inversión en la cual no puede esperarse que se generen utilidades y que, como en muchos casos, se requiere de un periodo de operación antes de alcanzar el punto de equilibrio financiero.
Similar respuesta dio la gerenta general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia Ballivián, añadiendo que las seis estatales que dirige dentro de la “incubadora de empresas” se encuentran en etapa de logro de resultados, tienen utilidades y un crecimiento promedio a la industria donde se encuentran con tendencia positiva. La gestión 2017 tuvo más de Bs 16,8 millones de utilidades.
Por su parte, la directora de Boltur, Lourdes Omoya, reconoció que los datos del Cedla muestran que existe un millón de bolivianos de déficit entre el 2014 y 2015, pero “no se toma en cuenta que en 2016 ya tenemos un remanente de Bs 100.300; el 2017 son Bs 550.500 y nuestra reducción en el costo de inversión es del 0,4%”. “Si bien los datos son reales, la interpretación es malintencionada”, consideró.
Fuente: El Deber
Fuente: El Deber
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