ANF / La Paz
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) solicitó públicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) activar «medidas cautelares» para proteger a Amparo Carvajal, quien fue acusada por el Gobierno de estar involucrada en la muerte de un teniente de la Policía.
Ayer, se registró un violento enfrentamiento entre cocaleros de La Asunta, departamento de La Paz, y policías que fueron enviados para erradicar las plantaciones de coca ilegal en la zona.
En el hecho, el teniente Daynor Sandoval Ortiz perdió la vida y otros siete uniformados fueron heridos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se trató de una emboscada.
Además, culpó del hecho al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, y a Carvajal, quien actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
“Responsabilizo de la muerte del teniente a Adepcoca y a la señora Carvajal de Derechos Humanos, que es patrocinadora de organizaciones criminales”, manifestó Romero.
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