En el mercado local crece la oferta de cinco modelos de vehículos que ingresan al país de forma ilegal compitiendo con los motorizados que tienen los papeles al día, según el presidente de la Federación del Autoventa de Cochabamba, Ronald Crespo.
Los modelos chutos que tienen mayor presencia en el mercado, dice Crespo, son: Noah, Ipsum, Touring, Terrano y Surf, de la marca Toyota. “Inclusive hay feria de movilidades chutas los domingos por el lado de Lequepalca”, afirmó.
Según los datos de la Federación de Autoventa de Cochabamba, los vehículos que ingresan al departamento de forma ilegal van a parar a regiones como el trópico y el cono sur, principalmente.
En tanto, el presidente de la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDA), Antonio Rocha, señala que el ingreso de motorizados de contrabando es uno de los rubros con mayor fuerza en el mercado ilegal, después de la ropa usada. En tercer lugar están los electrodomésticos y le siguen los alimentos. “Todos sabemos que el contrabando entra por los puertos de Arica e Iquique”, indicó.
La diferencia de precios entre un vehículo legal y otro que ingresa por contrabando es abismal. Por ejemplo, un auto Noah, modelo 2001 con placa 28 o 30, puede costar hasta 4.500 dólares sin los papeles al día; pero uno de las mismas características pero con documentación cuesta alrededor de 14 mil dólares, explicó Crespo.
Por otra parte, un Toyota Surf modelo 2000, con placa 28 y documentos al día, está en 14.500 dólares; mientras que en el mercado ilegal llega hasta los 7 mil dólares. Un Ipsum (modelo 2000) que cuesta 16 mil dólares legalmente importado, se remata hasta en 5.500 dólares cuando no cuenta con ningún papel.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó, a través de un comunicado, que Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes. Dijo que si se eliminaría la actividad ilícita, el país tuviera un crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) entre el 1 y el 1,5 por ciento.
Nostas considera que un problema de esa magnitud requiere tomar medidas integrales, urgentes y radicales. “Lo primero es que el Gobierno lo asuma como una prioridad en la misma proporción que el narcotráfico, y que se considere como un asunto de seguridad nacional y, por lo tanto, se generen las condiciones hasta lograr que sea una actividad socialmente inaceptable”, sostuvo.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, coincidió con Nostas y añadió que el Gobierno debe asumir acciones a nivel internacional. “Toda la región de Iquique ha sido declarado zona franca, por tanto llega un barco, descarga la carga y tienes toda la frontera de Bolivia libre”, dijo.
El presidente de los Trabajadores Asalariados del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Pedro Quispe, afirmó que el “contrabando está protegido por el Estado”. “A cuatro horas (de La Paz) está Caranavi, a dos horas está Coroico, lleno de chutos. ¿Quién abastece de gasolina? Acaso no es el Estado boliviano”, afirmó.
2.230 millones de dólares es el movimiento económico que genera el contrabando en el país, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
SOBRE EL MERCADO DEL CONTRABANDO
El 2015, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó al Gobierno un estudio sobre el tema que evidenciaba, en base a cifras disponibles y estimaciones técnicas, que el contrabando anual en el país mueve alrededor de 1.680 millones de dólares y si se suma el contrabando hormiga llega incluso a 2.230 millones de dólares.
DATOS
Existen varios rubros afectados en el país. Según la CEPB, el contrabando ha aportado en los últimos años en la destrucción de la industria textil y la grave situación de la producción de alimentos, las industrias manufactureras de cuero y de la madera.
El área rural forma parte del circuito. El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, admitió que la solución de fondo es compleja y pasa por fortalecer el aparato productivo nacional y generar opciones de vida para los ciudadanos del área rural y pequeños comerciantes que son parte del circuito.
Conminan a la Aduana a realizar mejor control. Es obligación de la Aduana Nacional la incautación de mercadería y vehículos que no tengan placas y que circulen de manera ilegal en territorio nacional, sostuvo el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
ANÁLISIS
Antonio Rocha. Cámara de Despachantes de Aduana
“Si hay un vendedor es porque hay un comprador”
Esto también hace parte al compromiso ciudadano de lucha contra este flagelo, porque si hay un vendedor es porque hay un comprador.
Si el contrabando sigue siendo un negocio es porque lo seguimos fomentando desde nuestras ciudades con nuestro consumo. Por eso, yo creo que hay que llamar a la conciencia a la ciudadanía de que no podemos caer en el fomento de esta actividad criminal.
Desde el punto de vista operativo y técnico, en vez de estarnos confrontando con Chile, más allá de lo que son nuestros derechos (…) tiene que haber una acción conjunta y una coordinación entre las aduanas y las autoridades (oficiales y militares) de Bolivia y Chile. Todos sabemos que el contrabando entra por los puertos de Arica e Iquique, no hay donde perderse.
El contrabando que viene de ultramar es el contrabando que viene de Asia con vehículos viejos y el contrabando que viene de Estados Unidos con prendería usada, todo eso se descarga en Arica e Iquique y se reenvía a Bolivia.
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