La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) advierte que una resolución contraria del Tribunal Agroambiental contra Petrobras, operadora del campo San Alberto (Tarija), marcaría un precedente negativo para la industria petrolera en Bolivia.
La compañía brasileña apeló ante esa instancia judicial con sede en Sucre y aguarda que se revierta la decisión tras una primera instancia de pagar una indemnización por el uso de la propiedad, donde están localizadas las instalaciones de esa área petrolera, por un valor de $us 61,1 millones.
Según la CBHE, que aglutina a las empresas del sector upstream (exploración y producción), downstream (refinamiento y procesamiento) y de servicios auxiliares, de ratificarse el fallo contra la compañía brasileña afectará la operación de uno de los principales campos para la provisión de gas natural a los mercados interno y externo.
«Sería un pésimo precedente y activaría demandas similares contra todas las empresas que se dedican a la exploración y explotación de hidrocarburos, incluidas a YPFB Chaco y YPFB Andina», alertó el jurista Iver Von Borries.
El destacado abogado del sector de hidrocarburos dijo que la cuantía señalada en la sentencia que fue emitida no tiene relación con la realidad y contempla criterios, como daños indirectos o consecuenciales que no están reconocidos en la legislación civil de Bolivia.
Agregó que tiene entendido que el predio no cumplía siquiera con la Función Económica Social (FES) que es imprescindible y prevista constitucionalmente para acreditar el derecho propietario.
La CBHE confía en que la justicia ordinaria valorará debidamente los argumentos legales de Petrobras para garantizar la seguridad jurídica a las empresas que operan en el país, especialmente en un momento en que es fundamental generar un ambiente adecuado para atraer nuevas inversiones que permitan la reactivación del sector.
«Desde que se inició este proceso judicial, la compañía ha demostrado que actuó basado en la norma y la legislación boliviana para alcanzar los acuerdos de servidumbre con las comunidades y particulares que certificaron la propìedad de los terrenos en el área del campo San Alberto», señala el pronunciamiento.
La demanda judicial fue interpuesta por un supuesto propietario del área ocupada por el bloque San Alberto y contempla una indemnización por uso de la propiedad calculada desde 1996, cuando empezaron las operaciones en esa área petrolera.
Petrobras, según datos de la empresa, suscribió acuerdos de servidumbre con diversas comunidades campesinas que por el levantamiento hecho en la época con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) eran las legítimas propietarias de esas tierras.
El Deber
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