Aparentemente la tensión ha menguado en el salar de Uyuni, donde el jueves pasado un grupo de comunarios impidió de forma violenta el ingreso de turistas a los hoteles de sal. La Cámara Hotelera urgió al Gobierno “actuar y sancionar en forma taxativa a todos estos grupos extorsionadores que nos afectan a todos”.
La red UNITEL llegó hasta el espejo de sal para verificar la situación. Con base en las quejas de los afectados, el presidente de esta institución, Luis Ampuero, calificó este hecho como “un caso flagrante de extorsión”.
“Es un grupo de supuestos comunarios agrupados en un grupo vandálico de avasallamiento que impone condiciones, que están totalmente al margen de la ley e impiden la operación de empresas constituidas legalmente”, denunció.
Los pobladores de Colchani decidieron “tomar” el Jueves Santo los hoteles de sal para impedir el ingreso de vehículos con turistas con el objetivo de exigir a los operadores de turismo un pago de $us 15.000 anuales.
En ese ínterin, una de las empresas afectadas denunció que se le exige una suma total de $us 35.000 por tres años y agregó que los comunarios piden que el pago sea en efectivo y en moneda extranjera.
Según la misma denuncia, este cobro es definido supuestamente por el corregidor.
Preocupación
El sector está muy preocupado por este tipo de hechos por el “daño difícil de reparar”, que llega al mundo de manera inmediata y “nos muestra como un país agresivo, que agrede al turista, que altera y aleja la inversión privada y nos condena al subdesarrollo”, advirtió Ampuero.
“Es un tiro de gracia tremendo y en esas circunstancias requerimos la presencia inmediata y firme de nuestro Gobierno nacional, demostrando que este es un país serio, que respeta al turista, que respeta y busca atraer la inversión privada en sus diferentes estamentos”, afirmó.
Según Ampuero, hubo “negociaciones previas” y se han hecho algunos pagos a los comunarios de la región, un hecho que no está amparado en ninguna ley ni acuerdo y que “se vuelve cada vez más periódico y cada vez crece” producto del “desordenamiento jurídico y legal”.
El directivo asegura que no es un caso aislado y que hay otros casos similares en los cuales los operadores están obligados a pagar dinero por este tipo de “extorsiones”.
“Lamentablemente perjudica todo el clima de inversión y todo el desarrollo turístico. Uyuni debería tener muchísimos más hoteles de los que tiene ahora porque es potencialmente uno de los grandes atractivos turísticos de nuestro continente sudamericano, pero con este tipo de acciones lo único que hacemos es alejar toda posibilidad de progreso y desarrollo”, afirmó Ampuero.
En ese contexto, urgió al Gobierno que haga respetar la ley y garantice la seguridad jurídica para las inversiones.
“Pedimos que se respete nuestro Estado de derecho, sin seguridad jurídica es imposible pedir inversiones (…) el Gobierno tiene que demostrar que existe una ley a cumplir”, añadió el representante del sector hotelero.
Tomado de UNITEL
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