El Banco Central de Bolivia (BCB) disminuyó la tasa de encaje legal que deben constituir las entidades financieras en títulos; con la medida se busca liberar recursos que apoyen la otorgación de crédito productivo. Un experto ve que se busca resolver problemas de liquidez.
El pasado 28 de diciembre, mediante Resolución de Directorio No 147/2021, el ente emisor aprobó la reducción de las tasa de Encaje Legal en Títulos para moneda nacional y moneda extranjera, mediante la modificación del Reglamento de Encaje Legal.
El encaje legal se refiere a las reservas que las instituciones financieras están obligadas a guardar en caja o en el BCB de los depósitos recibidos del público y por los fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo.
De acuerdo con el Reglamento de Encaje Legal, hasta antes del 28 de diciembre las tasas en moneda nacional y moneda nacional en UFV eran de 5,5% para encaje en efectivo y de 4,5% para encaje en títulos.
Mientras que en moneda extranjera y con mantenimiento de valor en dólares era de 10% para encaje en efectivo y de 10% para encaje en títulos para Depósitos a Plazo Fijo (DPF) mayores a 720 días y de 11% para el resto de pasivos.
Las nuevas tasas que rigen desde el 10 de enero son de 5,5% para encaje en efectivo en moneda nacional y moneda nacional en UFV. Y de 3,5% para encaje en títulos.
En moneda extranjera el encaje en efectivo es de 10%, y de 9% para encaje en títulos en DPF mayores a 720 días, además de 10% para el resto de pasivos.
La resolución del BCB señala que las entidades de intermediación financiera deberán constituir el encaje legal en efectivo, equivalente a una tasa de 100% sobre las cuentas incluidas en “Otras obligaciones con el público, con empresas con participación estatal y con bancos y entidades de financiamiento”.
Además indica que se entenderá como crédito productivo a las operaciones de crédito de tipo empresarial, microcrédito o PyMe y cuyo destino se dirige a la agricultura y ganadería; caza, silvicultura y pesca; extracción de petróleo crudo y gas natural; minerales metálicos y no metálicos, industria manufacturera; producción y distribución de energía eléctrica, construcción.
Estas actividades ya estaban incluida antes, pero ahora, con esta nueva resolución del BCB, se incluye o amplía como financiamiento al sector productivo las operaciones de crédito destinadas al sector turismo, a la producción intelectual, a la fabricación, ensamblaje y compra de vehículos automotores eléctricos e híbridos así como la fabricación, ensamblaje y adquisición de maquinaria agrícola eléctrica e híbrida.
Circular
En la circular externa del 7 de enero CIEX No 2/2022 dirigida a las entidades de intermediación financiera referida a la constitución del Fondo para Créditos Destinados al Sector Productivo (CPRO), el BCB les hace conocer a dónde deben ir los recursos liberados de la reducción del encaje legal.
En la circular el Ente Emisor señala que la modificación en la estructura de las tasas de encaje legal estará vigente a partir del 10 de enero de 2022 liberándose recursos con los cuales se constituye el CPRO.
Se explica que la participación de cada entidad financiera en el Fondo CPRO es igual a los recursos es igual a los recursos del Fondo RAL en moneda nacional y moneda extranjera disponibles luego de la aplicación de las tasas de encaje legal y podrá incrementarse con aportes voluntarios.
Análisis
El exdirector del BCB Roger Alejandro Banegas indicó que la liquidez en 2021 del sistema financiero tuvo una tendencia decreciente, inclusive con niveles por debajo del cierre a diciembre de 2020.
“Frente a este contexto complicado para el sistema financiero existe un efecto negativo proveniente del financiamiento del déficit fiscal mismo que es canalizado a través de operaciones de subasta, cuyos recursos sacan liquidez del sistema y compiten con los bancos”, precisó.
Indicó que esto se vio reflejado en la trayectoria creciente de las tasas de interés pasivas del sistema (es decir las tasas que el banco paga a los depositantes).
Para Banegas la medida de disminuir el encaje legal aprobada para dirigir el financiamiento hacía el sector productivo viene del problema de liquidez orientado hacia la cartera regulada.
Tomado de Página Siete
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