La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) rechazó el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, alertan que será utilizada para atacar a los adversarios políticos del gubernamental MAS. El transporte público de El Alto también rechazó la ley y dio un plazo de 72 horas al Gobierno para anular la norma.
El máximo dirigente de Concobol, Braulio Arguedas, ratificó sus observaciones al contenido del proyecto de ley cuestionado por varios sectores productivos, argumentó que es una norma que viola la Constitución Política del Estado y la ley de Cooperativas, como ejemplo, citó el artículo 3.
«Esta ley va a ser utilizada para atacar a los adversarios políticos del Gobierno y al ciudadano que no esté de acuerdo con las políticas y medidas gubernamentales», sostuvo Arguedas en declaraciones a radio Compañera.
En la víspera, las organizaciones que aglutinan a los cooperativistas dedicados a la explotación de oro rechazaron el proyecto de ley y otorgaron hasta la próxima semana para que el Gobierno anule la ley de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el proyecto de ley que lleva el mismo nombre que se encuentra en el Senado.
«Ya conocen cuando los cooperativistas asumen acciones, lo sabe bien el señor Evo Morales y el señor Luis Arce», dijo en tono de advertencia, al recordar que los cooperativistas son 4 millones en diferentes departamentos, «las medidas que vayamos a adoptar van a ser contundentes», señaló.
Lamentó que el MAS continúe defendiendo un proyecto de ley que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que pone en evidencia que los legisladores del MAS no saben nada de legislación y que su elección fue por su lealtad al MAS.
Arguedas cuestionó que con este proyecto de ley se «determinará la muerte civil» de una persona cuando sea procesada a simple denuncia, en un proceso indebido; pero además se logrará la «muerte financiera», porque le van a retener sus cuentas bancarias.
Considera grave que los sujetos obligados o denunciantes van a gozar de inviolabilidad, es decir, que si una persona acusada resulta ser inocente los responsables de la denuncia no podrán ser procesados. Es decir, el Estado ni siquiera va a resarcir los daños.
Arguedas recordó este lunes que el 2006 cuando Evo Morales fue elegido presidente este sector apoyo el denominado proceso de cambio, sin embargo, cuestionaron la actual forma de administración del presidente Luis Arce.
«Hoy no entendemos qué está pasando con este gobierno, por qué está aprobando leyes que van en contra el interés de los movimientos sociales que lo llevaron al poder. O reflexionamos presidente (Luis Arce) y gabinete para hacer leyes consensuadas o reitero, nos vamos a ver en las calles y en la lucha y ahí vamos a ver quién gana», sentenció el Arguedas.
Asimismo, desafío al Gobierno a promulgar una ley para cobrar impuestos a los productores de coca y confiscar sus fortunas producto del ilícito del narcotráfico.
«Por qué no pone una ley específica para que los cocaleros paguen impuestos y se les arrebate (sus) fortunas qué lo mantienen de forma ilegal por el narcotráfico», cuestionó desafiante Arguedas.
Transportistas
La Federación Andina de Choferes de El Alto se declaró en estado de emergencia en rechazo a la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. El dirigente del sector, Víctor Tarqui, advirtió con un paro contundente y se dio un plazo de 72 horas para la anulación.
Incluso, los dirigentes afirmaron que de no obtener respuestas bloquearán las calles de la ciudad.
«Nos hemos declarado en emergencia rechazando contundentemente este anteproyecto de ley porque es totalmente atentatorio, ya hay leyes contra los narcotraficantes y con el lavado de dinero, absolutamente todas las leyes y no nos pueden engañar», sostuvo Tarqui.
Por el momento suman varios sectores que rechazan la ley, entre ellos los gremiales de El Alto quienes ayer marcharon en La Paz.
Red Uno
PUBLICIDAD
VE NUESTRA PORTADA
PUBLICIDAD
Mira también
Comentarios