Un escenario con malos indicadores económicos y tensiones sociales hizo girar la mirada del presidente Luis Arce hacia el empresariado. Esto se tradujo en tres reuniones con los empresarios privados en una semana, un acercamiento en el que el mandatario asumió compromisos y se impuso plazos para cumplirlos.
El miércoles y el viernes se reunió con los empresarios de todo el país. Si en la primera reunión planteó crear un comité de distribución de divisas, retiró la propuesta el viernes. En esta ocasión firmó 17 acuerdos con los privados y se puso un mes de plazo para hacer seguimiento al cumplimiento.
La tercera reunión fue con el agro. Si bien no se acordó la aprobación inmediata de biotecnología, acordaron un plazo de 10 días para conocer un estudio sobre el tema.
El último encuentro fue con los representantes de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ayer en la capital cruceña. El jefe de Estado hizo un balance de las diferentes reuniones que mantuvo e indicó que en función de los acuerdos alcanzados en el diálogo nacional por la economía con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se dio a la tarea de hacer gabinetes sectoriales “para atender de manera mucho más directa y específica algunos requerimientos sectoriales”.
“Hoy estamos en una situación donde tenemos que mejorar el sector externo de la economía, aumentando las exportaciones, sustituyendo importaciones, generando flujos de divisas, así como destrabar los créditos que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo y acotó que si se hubieran hecho oportunamente hoy no se tendría estos problemas.
Destacó la conformación del gabinete agropecuario, que busca avanzar en el apoyo al sector agropecuario, no solamente de Santa Cruz. En él participan también empresarios de Cochabamba y de otros departamentos. “Estamos seguros que con los avances que hemos logrado hoy día, nos va permitir entender que hay que aumentar las exportaciones, hay que aumentar la productividad de la tierra en nuestro país para poder competir con varios otros países limítrofes, tomar experiencias de otros países que van avanzando más aceleradamente en ello. No podemos dejar atrás a nuestro sector agropecuario y el Gobierno Nacional ha venido a brindarles el apoyo que se necesita, a escucharlos, a trabajar arduamente para lograr los objetivos”, remarcó Arce.
Reunión con el agro
El encuentro con el sector agropecuario giró sobre tres ejes: biotecnología, seguridad jurídica (avasallamientos) y provisión de diésel.
Sobre la biotecnología, el agro esperaba que por fin se dé luz verde a dos nuevos eventos biotecnológicos, pero el tema fue pospuesto por 10 días más y está condicionado a un estudio técnico, que deberá ser dado a conocer el 27 de agosto en La Paz.
María Nela Prada, ministra de la Presidencia, fue la encargada de informar sobre las conclusiones del encuentro.
“El presidente, Luis Arce, dio las palabras de bienvenida. Posteriormente José Luis Farah, presidente de la CAO, planteó tres temas fundamentales para tratar con el Gobierno nacional en esta reunión. Biotecnología, seguridad jurídica y combustibles”, indicó Prada.
Biotecnología
Se detalló que la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) junto un representante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno fueron los encargados de explicar la necesidad de su uso.
Prada sostuvo que se coincidió en “que debemos aumentar la producción y mejorar la productividad de la tierra para garantizar el abastecimiento de alimentos a las familias bolivianas y también potenciar las exportaciones agropecuarias que generan divisas para nuestro país. Se valoró por parte de los participantes el ingreso de Bolivia al Mercosur y se abordaron temas vinculados a los avances en la Comisión de Biotecnología Agropecuaria, así como la creación de la Red Internacional de Bioseguridad de Productos Derivados en la Biotecnología Moderna en el marco del Mercosur”
En este contexto se definió avanzar en un trabajo conjunto que aborde aspectos normativos y técnicos y que brinde un informe de los resultados alcanzados en un máximo de diez días.
“La coordinación de esta instancia estará a cargo de la ministra de la Presidencia y del presidente de la CAO, fijándose una siguiente reunión para el 27 de agosto de 2024 en La Paz.
Seguridad Jurídica
En este punto se trató el problema los avasallamientos de tierras que, según Prada, generan una gran inseguridad jurídica.
“Luego de los correspondientes informes sobre las acciones que se han venido realizando contra los avasallamientos, el sector agropecuario señaló que lamentablemente no se llega a sentencias pese a los procesos iniciados y que muchas de las personas aprehendidas en flagrancia por la Policía boliviana por los delitos referidos son liberados por la justicia”, precisó la ministra.
Ante este escenario se acordó la conformación de una comisión para realizar los desalojos correspondientes, la misma que fue aceptada y estará a la cabeza del Ministerio de Gobierno.
También hubo acuerdo en que ambas partes se comprometen a trabajar en una solución estructural a los problemas de avasallamientos en la Reserva Forestal de Guarayos.
En lo que respecta a la firma de títulos, el Gobierno informó que en la gestión actual se avanzó significativamente en la titulación y saneamiento de tierras a escala nacional, pasando del 86% al 93% y que en Santa Cruz se llegó al 95%. Luego de avanzar fundamentalmente en la titulación de la pequeña propiedad comunitaria.
Combustible
Representantes del sector agropecuario expusieron el drama por el que están atravesando, relacionado fundamentalmente al diésel y la necesidad de que se garantice su provisión para que no se vea afectada la producción.
El Ejecutivo explicó el problema estructural vinculado a los combustibles, la falta de exploración en el pasado, el precio actual de los combustibles y el alto costo de la subvención. Asimismo, se expuso lo que se está haciendo para solucionar esos problemas en materia de exploración y explotación en lo que corresponde a sustitución de importaciones, producción de biodiésel, una planta en Santa Cruz y otra planta en El Alto, la planta de HBO, el fomento a la producción de biodiésel por parte del sector privado, para lo cual se aprobó el DS 5197 que establece un esquema de incentivos tributarios para la importación de bienes de capital con gravamen arancelario cero.
Respecto a la importación directa de combustibles líquidos por parte del sector empresarial privado, el Gobierno ratificó que esta vía está permitida en la normativa actual y se acordó seguir avanzando en la simplificación de los trámites para importación directa orientada al consumo propio. Para ello, se determinó que representantes de CAO y Confeagro, participen de la cita del 19 de agosto a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos.
Mientras el presidente se ha reunido con los empresarios, en el país resurgen las amenazas del transporte si es que el diésel no llega con normalidad al país.
EL DEBER
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