El diputado de Unidad Carlos Alarcón informó que la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados concluyó un informe en el que identifica indicios de un presunto daño económico al Estado relacionado con la importación de combustible desestabilizado y con posibles irregularidades en contratos de compra realizados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según explicó el legislador, la investigación determinó que existieron fallas en los controles de calidad de combustibles importados y detectó fluctuaciones significativas en los denominados «premios» —componentes del precio final que incluyen márgenes comerciales, transporte y entrega—, aspectos que, a criterio de la comisión, ameritan una investigación penal para establecer si existió un perjuicio económico para el Estado.
Señalan posibles responsabilidades
Alarcón indicó que el informe menciona como posibles responsables al expresidente Luis Arce Catacora, al exministro Alejandro Gallardo y al exministro de Hidrocarburos del gobierno de Rodrigo Paz, Mauricio Medinaceli.
De acuerdo con el diputado, los dos primeros son observados por la emisión de los Decretos Supremos 5218 y 5313, que, según la comisión, habrían permitido la internación de carburantes sin los controles de calidad habituales. En el caso de Medinaceli, se cuestiona la emisión de una resolución ministerial que autorizó el desprecintado de tanques con gasolina sospechosa de estar desestabilizada para garantizar el abastecimiento interno.
Exceso de gomas y etanol
El legislador señaló que las pruebas de laboratorio incluidas en la investigación detectaron exceso de gomas y, en algunos casos, niveles elevados de etanol en combustibles distribuidos entre octubre de 2025 y enero de 2026, situación que habría afectado la calidad del producto comercializado en el país.
Presunto sobreprecio en contratos
Otro de los hallazgos del informe hace referencia a presuntas irregularidades en los contratos de importación de combustibles.
Según Alarcón, la comisión observó variaciones importantes en los montos correspondientes a los «premios», lo que considera un indicio de posible sobreprecio que deberá ser investigado por el Ministerio Público.
El diputado sostuvo que las observaciones alcanzan a operaciones de compra realizadas por Botrading para YPFB, tanto durante la anterior administración como en la gestión actual.
El informe será remitido a las autoridades
Alarcón explicó que el informe final será remitido a las instancias competentes para que evalúen el inicio de investigaciones y determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de YPFB ni del Gobierno sobre las conclusiones difundidas por el legislador este lunes. El informe presentado por la comisión constituye un documento legislativo y sus observaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes antes de establecer eventuales responsabilidades.
Ahoradigital con información propia y de Unitel
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