El Gobierno amplió de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones los recursos que podrán ser asignados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir el diferencial generado por la importación de combustibles y los precios internos.
La medida está en el Decreto Supremo 5683, que modifica la Disposición Adicional Quinta del Decreto Supremo 5652, de julio de este año.
La nueva norma establece que el Tesoro General de la Nación (TGN), de acuerdo con la disponibilidad financiera, podrá asignar a YPFB hasta Bs 2.000 millones, frente al límite anterior de Bs 1.000 millones.
En el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos y la ampliación del periodo transitorio para los precios de los productos derivados del petróleo y Petróleo Crudo, se modifica el inciso a) de la Disposición Adicional Quinta del Decreto Supremo N° 5652, de 9 de julio del 2026, con el siguiente texto: «a) De hasta Bs2.000.000.000.- (DOS MIL MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).», indica el documento.
El incremento de recursos llega en un contexto de presión sobre el abastecimiento de combustibles y de elevados costos de importación. El decreto señala que la ampliación busca garantizar los fondos necesarios para mantener el suministro de carburantes en todo el territorio nacional.
Combustibles
El DS 5683 mantiene como argumento central la necesidad de sostener las medidas de estabilización de precios de los productos derivados del petróleo durante el periodo transitorio establecido por el Gobierno.
Los recursos estarán destinados a cubrir la diferencia entre los costos que enfrenta YPFB por la importación de petróleo crudo y el precio preterminal o precio de paridad de importación establecido en la metodología vigente.
En términos fiscales, la decisión significa que el Estado habilita un margen de hasta Bs 2.000 millones para amortiguar el impacto de los costos de importación sobre el mercado interno, en un momento en que el precio internacional y las dificultades de abastecimiento presionan las cuentas de la empresa estatal.
El decreto encarga a los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías la ejecución y cumplimiento de la disposición.
La ampliación también vuelve a poner en primer plano el costo fiscal de mantener la estabilidad de los precios internos de los combustibles. Mientras el Gobierno busca garantizar el abastecimiento, el desafío será determinar cuánto de estos recursos deberá movilizar efectivamente el TGN y cuál será el impacto final sobre las finanzas públicas.
La Razón
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