El Gobierno dio marcha atrás con el Decreto Supremo 4783 que establecía el traspaso de las utilidades de empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN). Así dio por cerrado un capítulo de conflictos con los mineros que desde el mes pasado protagonizaron marchas y bloqueos rechazando la norma.
Hoy, en la Gaceta Oficial de Bolivia está el nuevo Decreto Supremo 4818 que deroga varias disposiciones de la norma anterior aprobada el 24 de agosto. El decreto 4783 disponía: «que las empresas públicas del nivel central del Estado y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria, transfieran al TGN parte de sus utilidades netas o dividendos de cada gestión, para financiar proyectos de inversión y/o programas de interés social; exceptuando a las empresas que, en el marco de las disposiciones legales vigentes, realizan transferencias de recursos al Fondo de Renta Universal de Vejez (FRUV).
La norma aprobada en agosto indicaba que se autorizaba al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a transferir, a través del TGN, los recursos provenientes de la aplicación decreto supremo; el monto de Bs 55 millones de forma mensual y los recursos provenientes de las multas impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a favor de las entidades ejecutoras de proyectos de inversión y/o programas de interés social y al FRUV.
El secretario general de los trabajadores mineros de Colquiri, Joaquín Mamani Chambi, rechazó el Decreto Supremo 4783 por ser similar al decreto 21060, y denunció que el Gobierno pretendía seguir «exprimiendo» a las empresas obligándolas a transferir recursos al Tesoro General de la Nación (TGN). Así, el mes pasado ejecutaron un bloqueo en la carretera La Paz-Oruro.
“Este decreto maldito, 4783, quiere llevarnos a un camino de relocalización y pretende repetir un 21060 porque no fue consensuado con los trabajadores. Es una decisión equivocada (…) El Gobierno no ha puesto ni un centavo en Colquiri y las utilidades obtenidas de las gestiones 2021 y 2022 es sacrificio de los compañeros y lo que queremos es que las utilidades obtenidas sean reinvertidas para modernizar nuestro sector productivo y seamos una empresa competitiva para que tenga rentabilidad económica”, señaló el dirigente. El sector mantuvo el bloqueo durante seis días, incomunicando a La Paz con Oruro.
Así, el Ejecutivo dio cumplimiento a su compromiso del 5 de octubre. El Gobierno cedió ante las demandas de los mineros y firmó un acuerdo con ellos para frenar las protestas, en el mismo establecía que se emitirá un nuevo Decreto Supremo que derogue y reemplace los artículos observados del DS 4783, sobre las empresas estatales.
Otros dos puntos del convenio fueron que los proyectos de normas serán consensuadas con la COB, cuando se afecte a los trabajadores, y que “la COB reconoce que las Empresas Públicas cumplen principalmente la función de generar excedentes para la redistribución (de recursos económicos) al pueblo boliviano, a través de políticas sociales”.
La norma emitida hoy en la Gaceta Oficial de Bolivia:
El Deber
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