Medicamentos e insumos médicos valuados en aproximadamente Bs 180.000 habrían vencido sin ser utilizados, según una denuncia presentada por el representante de salud del distrito 4, Ronald Bilbao, quien cuestionó el manejo de los recursos municipales destinados al sector.
Entre los productos identificados se encuentran alrededor de 1.500 dosis de insulina y reactivos de laboratorio, insumos que, de acuerdo con el dirigente, fueron adquiridos durante la administración del exalcalde Irineo Flores.
Bilbao expresó su indignación ante la situación y cuestionó que existan reclamos por la falta de medicamentos en los establecimientos de salud mientras otros productos permanecen almacenados hasta perder su vigencia.
“Escuchamos las quejas de que faltan medicamentos, pero ¿cómo es posible que hayan hecho vencer la insulina y otros insumos?”, manifestó.
Anuncian acciones legales
El representante de salud también observó la labor de fiscalización de los concejales y de los representantes del control social, a quienes cuestionó por no haber advertido oportunamente la situación.
Bilbao anunció que impulsará acciones legales para establecer responsabilidades por la compra de medicamentos que, según la denuncia, no llegaron a utilizarse antes de su vencimiento.
“Vamos a realizar las acciones legales en contra del exalcalde y de la presidenta del control social, porque estamos hablando de recursos gastados en medicamentos que no fueron utilizados”, afirmó.
Buscan establecer responsabilidades
La denuncia plantea interrogantes sobre los mecanismos de almacenamiento, distribución y control de los medicamentos adquiridos con recursos públicos, especialmente cuando se trata de insumos esenciales para pacientes que requieren tratamientos continuos.
Sin embargo, será necesario establecer documentalmente qué productos vencieron, cuándo fueron adquiridos, cuáles eran sus fechas de expiración y por qué no se utilizaron o distribuyeron oportunamente.
Hasta contar con esos elementos y con las versiones de las personas señaladas, la denuncia no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
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