El Ministerio de Hidrocarburos no fue notificado por la justicia con la acción popular presentada por comunarios de la provincia Nor Lípez, departamento de Potosí, por lo que exhortó al Legislativo continuar con la aprobación de los contratos con CBC y Uranium One para industrializar el litio.
La postura la comunicó el viceministerio de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, frente a la versión mediática de que el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K ordenó el martes la “suspensión inmediata” de los contratos de litio en respuesta a la acción popular de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl).
“El Ministerio y Yacimientos de Litio Bolivianos no han sido notificados con una medida cautelar mencionado en los medios de comunicación, ni tampoco (con) ningún proceso que se esté llevando a cabo en contra de los contratos que se han firmado”, afirmó en conferencia de prensa.
“Mientras nosotros no seamos notificados, seguimos avanzando dentro de lo que es la aprobación de estos contratos”, por se exhorta a la “Asamblea que pueda ir avanzando en el tratamiento de estos dos contratos”, consideró.
Se trata del contrato firmado en septiembre de 2024 por YLB y la empresa rusa Uranium One Group, para producir 14.000 toneladas (t) de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), con una inversión superior a los $us 970 millones.
Además del contrato firmado en noviembre de 2024, entre YLB y la empresa china Hong Kong CBC para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de $us 1.030 millones.
La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) objetó los contratos porque, entre otras razones, “carecen de estudios de impacto ambiental”, según expusieron.
Arnez aseguró que se cuentan con los estudios de impacto ambiental y recordó que la consulta previa a las comunidades se ejecutará una vez los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa, como sucede en la exploración y explotación de hidrocarburos.
“Mientras no ocurra (la notificación) nosotros vamos a seguir trabajando”, insistió.
ABI
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