El INE hizo público el porcentaje poblacional de todos los municipios del país, que son muy similares a los utilizados hoy para repartir la coparticipación tributaria. Con ello, se desvanece la esperanza de los municipios de ver crecer los recursos que reciben por la distribución de la recaudación tributaria.
Es más, según la comparación de los porcentajes que se utilizarán para calcular el reparto de recursos, los cuatro municipios más grandes del país recibirán menos dinero.
Santa Cruz de la Sierra es el municipio más grande del país. La capital cruceña albergaba en 2012 al 14,5% de la población. Con los datos de 2024, ese porcentaje bajará a 14,2%. El Alto también recibirá menos recursos, que desde 2012 recibía el 8,47% de los recursos de coparticipación y ahora recibirá el 7,82%.
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, confirmó esta proyección. “El razonamiento es correcto”, dijo.
“No solamente El Alto, muchos municipios van a perder. Además que ya hemos perdido los recursos de IDH. Me ha llegado menos 25 millones de IDH. Estamos trabajando con el techo presupuestario del censo de 2012. Yo no entiendo para qué nos han hecho hacer censo.
Similar panorama advierten las autoridades del eje central del país. Copa considera que es necesaria una reunión de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB).
“Estamos a la espera de la convocatoria de nuestra presidenta, que en este caso es la alcaldesa de Cobija, para que ella también nos pueda explicar qué es lo que ha hablado ayer en el Consejo de Autonomías”.
“Porque la verdad nosotros no confiamos en estos datos, teniendo nosotros diferentes datos”, agregó.
Lo mismo sucederá en La Paz, que pasará de recibir el 7,63% de los recursos de coparticipación tributaria a sólo el 6,68%.
A Cochabamba también le tocarán menos recursos de coparticipación. Hoy se quedan con el 6,29% del total destinado para distribuir entre municipios y ahora pasarán a recibir el 5,85%.
Esta merma se da cuando el Gobierno ha reducido los techos presupuestarios de todos los municipios y cuando cada año bajan los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos, lo que ha complicado a todas alcaldías del país
Nueva distribución desde septiembre
Los resultados del Censo, según señala la ley 1492 que rige su realización, deben empezar a aplicarse a partir de septiembre de este año.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó que el jueves ya se ha remitido la información al Viceministerio de Autonomía para que se calculen los nuevos factores de coparticipación, sin adelantar criterio sobre cómo quedará la nueva reconfiguración.
“Eso es lo que ya se informará en su momento cuáles son los nuevos factores, principalmente para poder aplicarlos ya en este mes de septiembre”, dijo la autoridad, en entrevista con UNITEL.
La autoridad explica que, lo que se ha visto en función a los datos que presentó el INE, es que hay ciudades intermedias que han incrementado su población.
“Hay ciudades que han crecido de manera importante, en Santa Cruz ha crecido de manera muy importante, Cotoca por ejemplo, ¿no? Ahí se ha ido viendo que en función a estos datos del INE, lo que se ha establecido es la confirmación en base a los datos de población de la metropolitización de muchas áreas, ¿no? Santa Cruz es un claro ejemplo, Cochabamba también, y también aquí en la ciudad de La Paz, y con los municipios aledaños”, afirmó.
Según explica el constitucionalista José Luis Santistevan para proceder con la redistribución se debe reemplazar el decreto supremo 1672 del 31 julio 2013, donde se señala el factor de distribución de cada región a la que llegan los recursos.
Además, se debe dar cumplimiento a la Ley Marco de Autonomías que establece en su disposición transitoria tercera que los recursos de coparticipación tributaria se “distribuirán de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción de la entidad territorial autónoma, en función a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda”.
¿Qué son los recursos de coparticipación tributaria?
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Son las transferencias desde el nivel central del Estado, equivalentes al veinte por ciento (20%) en el caso de las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y municipios) y el 5 por ciento (5%) a las universidades públicas.
Fuente: Unitel
