Habrá diálogo por el decreto que establece el uso del gas en el sector industrial. Ayer, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, anunció que el Gobierno atenderá a los industriales, eso sí, dejó clara la postura estatal: no revertirá la medida que, según la autoridad busca poner orden al uso de este recurso, que, a decir, del alto funcionario era mal utilizado por algunas fábricas.
Recientemente, el sector industrial se quejó de manera formal de la promulgación del Decreto Supremo 4794. Esta norma establece el uso racional del gas natural y establece que las industrias que usan el gas natural para autoabastecerse de energía eléctrica deberán conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Para las industrias la medida viola la Constitución Política del Estado que establece que los recursos naturales, como el gas, deben ser para el beneficio de todos los bolivianos.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) informó que la medida afectará al consumidor final y transgrede la Constitución y la Ley de Hidrocarburos, que priorizan el abastecimiento interno de los hidrocarburos.
“Están quitando el gas boliviano a las industrias que generan empleos en el país para dárselo a las exportaciones que pagan más por este insumo”, señaló Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de Cainco.
Ante la postura empresarial, el primero en salir a defender la medida fue Édgar Caero, viceministro de Electricidad y Energías Alternativas. La autoridad dijo que la norma no afecta la subvención de este recurso a los industriales.
Es más, apuntó a que este sector es uno de los mayores beneficiados de las subvenciones al diésel, la gasolina y el gas natural.
Más tarde, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina sostuvo que hay un mandato, en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de avanzar hacia una transición energética de fuentes renovables, que significa hacer uso racional de la energía.
La autoridad incluso observó el reclamo industrial y sostuvo que el sector no valora los beneficios que le otorga el Estado.
“El sector industrial no valora la energía, adquieren maquinaria obsoleta y hacen uso irracional del gas. Tenemos que ordenar la casa porque hay una distorsión que se debe corregir. Queremos que haya un uso racional y eficiente de la electricidad”, dijo.
La autoridad también reveló que algunos usuarios del sector industrial, bajo el argumento de autogeneración, “no están pagando las tasas de alumbrado público y de aseo urbano, y las alcaldías no están percibiendo ingresos por esos conceptos.
Recordó que incluso el sector industrial tiene la tarifa más baja. En Santa Cruz, el costo del kilovatio hora (kWh) es de Bs 0,58 en la categoría industrial, un precio más barato que el de la categoría domiciliaria, que es de alrededor de Bs 0,82 por kWh. “Todos nosotros pagamos más que el sector industrial”, explicó.
Calificó de falsos los argumentos que dicen que la norma afectará a las factorías del sector privado. “En ningún momento se pretende atentar contra la economía de las industrias. No se va a parar la producción”, manifestó.
Así, Molina dijo que se invitó al sector industrial para analizar en detalle los alcances de este decreto. Pero aseguró que la medida es irreversible y que solo busca “ordenar la casa”.
“Hemos invitado a los empresarios a negociar y analizar, una de estas medidas. No se está restringiendo el abastecimiento energético en un ambiente que no es sencillo”, dijo.
El objetivo del Ejecutivo, de acuerdo a la norma, es exportar el gas que deje de consumir la industria. El precio en el mercado interno fluctúa entre $us 1,86 a 2,51 por millar de BTU, cuando Brasil y Argentina están pagando este año entre $us 4,94 y 10,5 millar de BTU, en promedio.
“Invitamos a los industriales a producir energía renovable”, dijo Molina. Hasta anoche la Cámara Nacional de Industrias no respondió a la invitación realizada por el Gobierno.
El Deber
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