El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que las gobernaciones del país no aceptarán una coparticipación tributaria inferior al 15%, en el marco de la discusión sobre la propuesta del denominado 50/50.
Velasco señaló que existe consenso entre los gobernadores para plantear este porcentaje como un “umbral mínimo”, al considerar que los recursos actuales no permiten financiar adecuadamente las competencias que tienen a su cargo los gobiernos departamentales.
“No existe posibilidad alguna, ni siquiera en el escenario más remoto, de que las gobernaciones aceptemos una coparticipación tributaria inferior al 15%”, afirmó Velasco antes del encuentro con el presidente Rodrigo Paz.
El planteamiento consiste en transferir a las gobernaciones el 15% de la coparticipación tributaria correspondiente a los impuestos contemplados en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley Marco de Autonomías, sin afectar los recursos que actualmente reciben municipios y universidades públicas.
La demanda forma parte de la Agenda 50/50, impulsada por las gobernaciones para modificar la distribución de los recursos fiscales y fortalecer sus finanzas. Los gobernadores pretenden que la medida sea incorporada en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
Tras la reunión de este miércoles con Rodrigo Paz, las gobernaciones y el Gobierno acordaron instalar mesas técnicas desde el 5 de octubre para avanzar en tres temas: la transferencia del 15% de coparticipación tributaria, la modificación de la Ley 154 sobre impuestos departamentales y una ley que regule las relaciones internacionales de los gobiernos autónomos departamentales.
El próximo encuentro entre los gobernadores está previsto para el 12 de octubre en Cobija, donde se continuará con el cronograma de trabajo y se abordarán demandas específicas de cada departamento.
En paralelo, Velasco sostuvo que las gobernaciones también pueden avanzar en mecanismos para generar mayores ingresos propios y destacó la experiencia de Santa Cruz con la importación de combustible.
La discusión sobre la distribución de recursos adquiere especial relevancia en medio de las dificultades financieras que enfrentan las gobernaciones y del impacto que tuvo el incremento del precio del diésel sobre sus presupuestos.
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